18.3.17

NO PRESENTAR EN PLAZO AUTOLIQUIDACIONES SIN QUE SE PRODUZCA PERJUICIO ECONÓMICO

ST 50/2015 TSJ CV de 23/01/2015
19.2.2010 .Acuerdo dictado  por Dependencia de Gestión Tributaria de la Delegación de Alicante de la AEAT mediante el que se impone sanción de 100€  por la presunta comisión de una infracción tributaria leve consistente en "presentar fuera de plazo la declaración con solicitud de devolución del siguiente concepto impositivo: Modelo 303 AUTOLIQUIDACIÓN IMPUESTO VALOR AÑADIDO correspondiente al ejercicio 2009, período 06 y número de justificante 3032967296231.
El sujeto pasivo recurre ante el TEAR,  que en fecha 22.7.2011 resuelve desestimando su reclamación.
Interpone recurso contencioso-administrativo frente a la resolución del TEAR, fundamentando su demanda, en esencia, en la alegación de falta de motivación del elemento subjetivo de la infracción sancionada.

En ningún momento del expediente sancionador se hace referencia a la posible culpabilidad del sujeto a quien se imputa la infracción, haciéndose una aplicación objetiva de las sanciones .
 Es consolidado criterio jurisprudencial ( STS 7 y 26 de julio de 1997 , 9 de diciembre de 1997 , 18 de julio de 1998 , 17 de mayo de 1999 , 2 de diciembre de 2000 , 7 de abril de 2001 y 3 de junio de 2002, entre muchas otras) que no se puede sancionar por el mero resultado y mediante razonamientos apodícticos, siendo imprescindible una motivación específica en torno a la culpabilidad o negligencia y las pruebas de las que ésta se infiere.
 En este caso la resolución sancionadora en lo que hace al necesario elemento subjetivo del injusto tributario, trata de sustentar el mismo -exclusivamente-, en consideraciones de carácter puramente genérico y apodíctico, o bien en apelaciones a la claridad de la norma y a la ausencia de error o causas de justificación; así, lo único que se expresa a este respecto en el apartado "MOTIVACIÓN Y OTRAS CONSIDERACIONES" es lo siguiente:La normativa tributaria prevé que las acciones u omisiones tipificadas en las leyes no darán lugar a responsabilidad, entre otros motivos, cuando se haya puesto la diligencia necesaria en el cumplimiento de las obligaciones tributarias.
 En el presente caso, hay que tener en cuenta que los plazos de presentación de declaraciones son suficientemente divulgados, particularmente, en el caso de empresarios y profesionales. En este supuesto, el contribuyente no ha cumplido en plazo con su obligación, sin que existan circunstancias que justifiquen esta inobservancia. La norma establece de forma expresa y clara la obligación de presentar la declaración omitida.
Es de destacar que la Administración tributaria pone, asimismo, a disposición de los contribuyentes una gran variedad de servicios de información y de confección de declaraciones a los cuales pudo acudir el obligado tributario en caso de duda sobre obligatoriedad y plazos para la presentación de este tipo de declaraciones.
Por otra parte, no existe un error involuntario ni una razonable discrepancia de criterios acerca del contenido y alcance de la norma; por tanto, concurre el mínimo de culpabilidad necesario para pueda entenderse cometida la infracción tributaria ".
Como vemos, la única referencia al elemento subjetivo del injusto tributario se circunscribe a afirmar -de manera apodíctica- que "concurre el mínimo de culpabilidad necesario para que pueda entenderse cometida la infracción tributaria", pero sin que se justifiquen o motiven tales afirmaciones más allá de la exclusiva mención del "incumplimiento en plazo de la obligación" (que lo que representa es una mera referencia a elementos objetivos de la infracción) o a la inexistencia de error o causas de exclusión de la responsabilidad.
En consecuencia, la Administración no ha realizado una valoración concreta y circunstanciada de la conducta llevada a cabo por el sujeto pasivo más que en función del resultado (mucho menos en función de las concretas circunstancias que concurren en el supuesto de autos), y no hace ninguna mención de los elementos de la conducta del sujeto pasivo en los que funda su juicio de culpabilidad, a partir de los que pueda inferirse el dolo o culpa del sujeto pasivo, lo que viene a significar que no ha sido acreditada debidamente por parte de la Administración la concurrencia de todos los elementos determinantes de la infracción y, por tanto, debe ser anulada la sanción impuesta, al haber sido apreciada la infracción en función del mero resultado de la conducta llevada a cabo; ello máxime teniendo en cuenta la reciente doctrina jurisprudencial al respecto (a título de ejemplo, la STS 6.6.2008 ), que, entre otras cosas, establece que "la simple afirmación de que no se aprecian <<dudas interpretativas razonables basadas en una especial complejidad de las normas aplicables>> o que la norma es clara no constituye suficiente fundamentación de la sanción..." o que "... es al órgano sancionador a quién corresponde acreditar la concurrencia de los elementos constitutivos de la infracción, en este caso de la culpabilidad(...) ".
El TSJ acoge el motivo de impugación:
En cuanto a las costas, habrán de ser éstas impuestas a la Administración demandada.

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