2.9.15

Reducción Empresa individual ISD dedicada al arrendamiento


El beneficio fiscal que aquí se discute es el regulado en el  art. 20.2.c)  de la  LISyD, que concede a la transmisión "mortis causa" de una empresa individual, de un negocio profesional o participaciones en entidades, a los que, a su vez, sea de aplicación la exención regulada en el art. 4.Ocho de la  Ley 19/1991, del Impuesto sobre el Patrimonio, la reducción del 95% del valor de la empresa, negocio o participaciones, cuando los herederos sean el cónyuge, descendientes o adoptados.

El  art. 20.2.c)   de la LISyD:
«) En los casos en los que en la base imponible de una adquisición «mortis causa» que corresponda a los cónyuges, descendientes o adoptados de la persona fallecida, estuviese incluido el valor de una empresa individual, de un negocio profesional o participaciones en entidades, a los que sea de aplicación la exención regulada en el apartado octavo del art. 4 de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio ..., para obtener la base liquidable se aplicará en la imponible, con independencia de las reducciones que procedan de acuerdo con los apartados anteriores, otra del 95 por 100 del mencionado valor, siempre que la adquisición se mantenga, durante los diez años siguientes al fallecimiento del causante, salvo que falleciera el adquirente dentro de ese plazo.... »

Y dado que en este caso se afirma heredada una empresa del causante que realiza la actividad económico empresarial de arrendamiento de inmuebles, debemos acudir, tal y como exige el  art. 1.2   del RD 1704/1999 , al  art. 25.2   de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas , en cuya virtud, « ... se entenderá que el arrendamiento o compraventa de inmuebles se realiza como actividad económica, únicamente cuando concurran las siguientes circunstancias:
a) Que en el desarrollo de la actividad se cuente, al menos, con un local exclusivamente destinado a llevar a cabo la gestión de la misma.
b) Que para la ordenación de aquella se utilice, al menos, una persona empleada con contrato laboral y a jornada completa. »

Así pues, para ver si la actividad arrendaticia de inmuebles a la que se dedicaba el causante tiene realmente la consideración de actividad económico empresarial -como se sostiene en la demanda-, y no de mera percepción de los rendimientos del patrimonio inmobiliario -como sostienen ambas Administraciones demandadas-, es necesario que concurran los dos requisitos que acaban de mencionarse, esto es, (1) tener, al menos, un local exclusivamente destinado a llevar a cabo la gestión empresarial y (2) tener contratada, al menos, a una persona para la ordenación de la actividad empresarial con contrato laboral y a jornada completa. Esto es, se trata de que exista realmente una infraestructura, una organización de medios materiales y humanos, aunque sea mínima, que permita calificar la actividad de arrendamiento de inmuebles de efectiva actividad empresarial.

En este caso, la Administración ha denegado la bonificación pretendida porque el causante no disponía de esta infraestructura mínima, esto es, ni tenía contratada a una persona para la ordenación de la actividad ni tenía un local destinado a la misma.

Y esta denegación debe confirmarse ya que ninguno de los argumentos ofrecidos por el actor en su demanda refuta la ausencia de los anteriores requisitos ya que (1) la carencia de un local "exclusivamente" dedicado a llevar a cabo la gestión empresarial no puede entenderse combatida con la afirmación de que la actividad se realizaba en la vivienda del causante; y (2) el requisito de tener contratada, al menos, a una persona con contrato laboral y a jornada completa no puede, tampoco, entenderse suplido por la actividad del propio causante y su esposa e hijos. Y es la ausencia de estos requisitos la que confirma la conclusión alcanzada por la Administración, según la cual, lo realizado por el causante no era una actividad empresarial propiamente dicha, sino la mera administración personal de su patrimonio inmobiliario.

Además, y como se argumenta en el informe al respecto emitido por la Inspección que obra en el expediente, constituye un serio indicio de que dicha actividad de arrendamiento no era ejercida como actividad empresarial el hecho de que el propio causante, en su declaración de IRPF, no declarara los rendimientos de los alquileres como rendimientos de actividades económicas, sino como rendimientos de capital inmobiliario.

Y, como argumenta la resolución del TEAR, en cuanto a los dos modelos de declaración censal aportados, uno de alta y otro de baja en la actividad, presentados por la viuda del causante, se refieren ambos al mismo día, 12 de septiembre de 2003, y, además, son de fecha posterior al fallecimiento del causante acaecido el 1 de julio de 2003.

Así pues, no se ha acreditado por quien pretende la aplicación del beneficio cuestionado que el causante realizara, efectivamente, una actividad empresarial de arrendamiento de inmuebles, por lo que no procede la bonificación pretendida.

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