7.12.12

SUSPENSION EJECUCIÓN SANCIONES TRIBUTARIAS EN VÍA JURISDICCIONAL

Suspensión sin garantía de la ejecución de sanciones tributarias en vía jurisdiccional.
Exige ponderar las peculiares circunstancias del caso y los intereses públicos y privados en juego.


El TS en Sentencia 1034/2012 de 25-01-2012, recuerda cuál es su doctrina, emanada de las sentencias del Alto Tribunal de fechas 7-03-05, casación 715/1999 que remite a una anterior de 05-10-04, casación 4793/1999:

Una vez la sanción es firme en vía administrativa, los órganos de recaudación no iniciarán las actuaciones del procedimiento de apremio (se mantiene la suspensión producida en vía administrativa) mientras no concluya el plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo (2 meses). Si durante este plazo (para interponer recurso contencioso administrativo) el interesado comunica a dichos órganos (de recaudación) que ha interpuesto ese recurso (contencioso-administrativo) con petición de suspensión, ésta (suspensión que ya tenía en vía administrativa) se mantendrá hasta que el órgano judicial adopte la decisión que corresponda en relación con la suspensión solicitada.

Por tanto, la suspensión obtenida en vía administrativa se mantiene hasta la decisión que se tome en la medida cautelar, sin que en la vía jurisdiccional el órgano correspondiente se vea influenciada por la previa suspensión de carácter legal prevista (y obtenida) en vía administrativa, sino que (dicho órgano judicial) habrá de valorar cada supuesto concreto, teniendo en cuenta el perjuicio que para el interés general supone conceder la suspensión a una sanción por el hecho de haber interpuesto recurso contencioso (que sabe Dios cuándo se cobrará). En definitiva, la normativa reguladora distingue entre las medidas cautelares de la ley jurisdiccional y la normativa que contempla la suspensión de las sanciones en vía administrativa.

En el presente caso, el Tribunal de instancia llegó a la conclusión de que procedía la suspensión de la sanción sin necesidad de prestar garantía, ya que exigir garantía sin haberse previamente resuelto sobre si la infracción es conforme o no a derecho, sería presumir la culpabilidad del interesado infringiéndose con ello el 24.2 CE.

Pero esta motivación es insuficiente para cumplir con el 133 Ley Jurisdiccional, ya que la justicia cautelar no es un medio para hacer efectivo el derecho a la presunción de inocencia, que está ligado a la resolución sobre la sanción.

Ya el TS, el 15-12-11 en Recurso de casación 1273/11, vino a decir que no se puede mantener que por el hecho de que el legislador considere procedente la suspensión sin garantía de las sanciones tributarias en vía administrativa y económico-administrativa, dicho criterio sirva como regla general en vía jurisdiccional siempre que, previa valoración de los intereses en juego se aprecie que ello no perjudica el interés público o de terceros. Y dice que lo que procede en sede judicial es aplicar los criterios de los artículos 129 y ss de la Ley de la Jurisdicción, que permite al tribunal suavizar las medidas cautelares que pueda o deba adoptar en el marco de los recursos contencioso administrativos ponderando las peculiares circunstancias del caso y los intereses públicos y privados puestos en juego. Pero debe hacerlo de manera seria y rigurosa, no siendo suficiente la mera invocación formal para, prescindiendo de aplicar los criterios exigidos legalmente interpretados por la jurisprudencia, suspender automáticamente la sanción tributaria sin garantía.

Y la ST TS 10-05-12 Recurso de Casación núm. 2428/2011:

Por todo ello, la Sala de instancia debió ponderar las peculiares circunstancias del caso, justificándola suficientemente a efectos de acordar la suspensión, esto es, decidir si se suspende o no la sanción conforme a lo dispuesto en los arts. 129 y ss. Lo que no hace. Y una vez acordada la suspensión en el legítimo uso de la autorización al Tribunal de la instancia que posibilita el artº 133 de la LJ ., bajo su privativa apreciación, valorar si de la suspensión acordada puede derivarse perjuicios de cualquier naturaleza, y exigir o no caución o garantía suficiente para responder de los perjuicios que pudiera acarrear la medida cautelar.
En el caso controvertido, sin embargo, la entidad que solicitó la suspensión se limitó a invocar la tesis de que tratándose de una sanción debía mantenerse la suspensión acordada en sede administrativa, como principio general, y dado que no concurría en el supuesto especiales circunstancias que excepcionara dicho criterio general, procedía la suspensión sin caución, sin aportar dato alguno para que pudiera apreciar la Sala que concurrían motivos por los que no debía garantizarse el interés público. En esta situación la denegación de la suspensión se imponía.

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