13.1.11

BASE IMPONIBLE TPO CONCESIONES ADMINISTRATIVAS

Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2ª)
Sentencia de 7 junio 2010 RJ 2010\5524


FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO

.- La cuestión que suscita este recurso de casación es muy puntual. Existe consenso sobre el sometimiento al impuesto sobre transmisiones patrimoniales onerosas del contrato firmado por Mobiliario Urbano con el Ayuntamiento de Madrid para la concesión administrativa del diseño, suministro, instalación y conservación de contenedores de pilas y vidrio, así como de elementos de información cultural y municipal de servicios. Tampoco se discute el tipo de gravamen. La discrepancia asoma a la hora de señalar la base imponible. La recurrente entiende que, a la luz del artículo 13.3.b) del Real Decreto legislativo 1/1993 ( RCL 1993, 2849) , debe determinarse capitalizando al 10 por 100 la suma de 5.200.000 pesetas fijada como canon anual. Sin embargo, la Administración, con el aval de la sentencia impugnada, entiende que a esa cantidad ha de agregarse la de 191.619.000 pesetas que la concesionaria invierte anualmente en equipamientos y prestaciones complementarias para la adecuada realización del servicio.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid en la sentencia objeto de este recurso, dictada el 14 de enero de 2005 ( JUR 2005, 110483) , entiende que, como se deduce del expediente administrativo, esa suma complementaria constituye un canon, de modo que la contraprestación del concesionario no se reduce al montante pagado en metálico, sino que integra también el valor de esos servicios accesorios. La recurrente se opone a tal conclusión ya que el importe de 191.619.000 pesetas no implica pago alguno al Ayuntamiento.

SEGUNDO

.- Suscitado así el debate en esta sede, el recurso de casación se encuentra condenado al fracaso.

La constitución de concesiones administrativas constituye hecho imponible del impuesto sobre transmisiones patrimoniales onerosas, que tributa al 4 por 100 y que debe pagar el concesionario [artículos 7.1.b), 8.h) y 13.1, párrafo segundo, en relación con el 11.1 .a), párrafo segundo, del Real Decreto legislativo 1/1993 ]. Este impuesto indirecto, por su propia naturaleza, grava el importe de la operación o, como gráficamente dice la Sala de instancia, el precio de la transmisión o el valor real del desplazamiento patrimonial, que en la concesión litigiosa no se reduce el canon anual de 5.220.000 pesetas, sino que incluye también el valor de la ampliación de equipamientos y de las prestaciones complementarias, apreciadas anualmente en 191.619.000 pesetas. Frente a la nitidez de la anterior conclusión, carecen de virtualidad los argumentos vertidos en este recurso de casación, pues resulta indiscutible que el valor de la operación se integra por la suma de ambos parámetros (uno en metálico y el otro en especie), conclusión fáctica de la Sala de instancia que la recurrente tampoco ha discutido.

TERCERO

.- Las anteriores reflexiones conducen a la desestimación de este recurso, procediendo, en aplicación del artículo 139.2 de la Ley reguladora de nuestra jurisdicción ( RCL 1998, 1741) , imponer las costas a la parte recurrente, con el límite de cuatro mil euros para los honorarios del abogado del Estado y del letrado de la Comunidad de Madrid.

FALLAMOS

No ha lugar al recurso de casación interpuesto por la COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE MOBILIARIO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, S.A., contra la sentencia dictada el 14 de enero de 2005 por la por la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección 4ª) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ( JUR 2005, 110483) en el recurso 346/01 , condenando en costas a la entidad recurrente con la limitación establecida en el fundamento de derecho tercero.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Páginas vistas en total