11.10.10

FUNCIONES DE DIRECCION. REDUCCION ISD

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja de 21 de mayo de 2010, Recurso 245/2009

Para tener derecho a la exención en el Impuesto sobre el Patrimonio, conforme al art. 4.8.2 d) de la Ley 19/1991, se requiere cumplir, entre otros, un doble requisito: que el reclamante ejerza funciones de dirección en la entidad y que por ello perciba una remuneración que represente más del 50% de la totalidad de sus rendimientos empresariales, profesionales y de trabajo personal.
La Administración descarta la aplicación de la bonificación al considerar que el obligado tributario ha reconocido que recibe las remuneraciones como encargado, aunque lo achaque a un error y, el tipo de retención aplicado confirma que las retribuciones lo han sido en condición distinta a la de administrador. La Administración insiste en su argumentación apoyándose en la literalidad de las nóminas y, por tanto, afirma que el Sr. Matías recibe los ingresos en concepto de encargado de la empresa y no como administrador o director de la misma. Por tanto, no se satisface el requisito de la percepción de retribución por el ejercicio efectivo de las funciones directivas.
En definitiva, para resolver la aplicación ó no del precepto objeto de análisis, nos encontramos ante una cuestión de hechos, donde ha de dilucidarse si el recurrente es encargado o gerente de la empresa y si concluimos que es gerente o director de la misma, ha de comprobarse si percibe por este cargo retribución.
De la documental aportada en los autos se desprende que la Sociedad se constituye en 1978 mediante Escritura en la que se hace constar que el Sr. Matías aporta 240 acciones y es Socio Gerente. Entre 1982 y 1997 hay diversas ampliaciones de capital otorgadas por el recurrente como socio gerente. El 20 de marzo de 1.992 se lleva a cabo la ratificación de su cargo como administrador único. D. Florencio es quien suscribe los créditos y préstamos de la mercantil, firma los contratos de compraventa, contrata al personal trabajador y actúa como representante de la empresa ante el Consejo Regulador de Denominación de Origen. Como ha sido demostrado, durante los últimos cinco años ha cobrado un salario anual de 72.150,50 €, cuantía muy superior a la que establece el Convenio para encargado de una bodega.
Frente a la alegación de la demandada, que insiste en traer a colación el artículo 66.1 de Ley 2/1995, de Responsabilidad Limitada, conforme al cual, el administrador único de dichas sociedades no recibe retribución, salvo acuerdo en contrario, el recurrente reconoce que no recibe el sueldo como tal administrador sino como gerente.
Tampoco es válido el argumento del recurrido, relativo a la retención aplicada en el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas, pues el 35 % sería la retención correspondiente al percibo de los ingresos en concepto de sueldo como administrador único y en tal concepto, hay acuerdo por las partes, en que no recibe ingreso alguno.
Por otro lado, debemos recordar, las Resoluciones de la Dirección General de Tributos, (folios 69-81 del expediente administrativo) en las que en expedientes por devolución del impuesto sobre el patrimonio, se mantiene que el interesado realizaba funciones de dirección, (administrador único y gerente), percibiendo una remuneración que representaba la totalidad de sus rendimientos empresariales, según consta en su declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, comprobado por esta sección. Si bien es cierto, como señala el Tribunal Económico Administrativo Central en la resolución recurrida, que dichos expedientes se refieren a los ejercicios 1997-2000, la Administración tributaria reconoce que, al menos durante esos cuatro años, el Sr. Matías actúa con funciones de dirección como administrador único y gerente; esto nos lleva a deducir que en el mismo concepto siguió trabajando durante los años siguientes, a pesar de que sus nóminas reflejen un cargo diferente.
No resulta argumento de suficiente peso el hecho de que no se cumplan las circunstancias para favorecer la sucesión generacional de empresas familiares pues, aún habiendo sido éste el fin buscado en el establecimiento de la bonificación, no se estableció requisito legislativo alguno que permita objetivar el espíritu de la normativa.
En definitiva, no podemos limitar la aplicación de la reducción establecida basada en una mera cuestión nominal, es necesario integrar todas las circunstancias y conocer de forma fehaciente los hechos que llevan a la aplicación ó inaplicación de la normativa alegada. En el presente supuesto la documental aportada ha puesto en evidencia que el recurrente actúa en la empresa con funciones de dirección y por el desempeño de este cargo recibe los ingresos que superan el 50 % de la totalidad de sus rendimientos empresariales, profesionales y de trabajo personal. Por tanto, atendidas todas las circunstancias acreditadas suficientemente, este Tribunal estima que es aplicable la reducción solicitada por el donatario.

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