20.11.17

CALCULO E IMPUTACION DEL AJUAR EN SUCESIONES CUANDO HAY LEGADOS

Causante viudo con dos hijos que deja al fallecer los siguientes bienes:
1.- Vivienda valorada en 100.000€
2.- Apartamento valorado en 50.000€
Caudal relicto.- 150.000€
Su testamento: Lega a su hijo A, el apartamento; en el remanente nombra herederos a sus dos hijos A y B por partes iguales.
Con arreglo al artículo 15 LISD el ajuar doméstico forma parte de la masa hereditaria y se valora en el 3% del caudal relicto del causante (...). El artículo 23 RISD tras indicar que el ajuar doméstico debe ser incluido en el caudal hereditario del causante a efectos de determinar la participación individual de cada causahabiente, advierte que tal obligación no es exigible a los legatarios, a quienes el testador hubiese atribuido bienes determinados (...). Completa la regla expuesta especificando que si un causahabiente reúne la doble condición de heredero y legatario (como el hijo A), la parte del ajuar que se le debe imputar es la que le corresponda com heredero, esto es, se le debe atribuir el ajuar en la misma proporción en que participe en el resto de la masa hereditaria (en nuestro ejemplo el 50%).

Valoración del ajuar doméstico en este supuesto.-
¿Cómo se valora el ajuar doméstico ?
Respuesta a.- Caudal relicto x 3% = 150.000 x 3% = 4.500?
 ó
Respuesta b.- ( caudal relicto -bienes legados) x 3% = (150.000-50.000)x3% =3.000?

Respuesta, según.-
Partidarios de la respuesta a.- 
 ST 956/2013 TJS Extremadura 17/09/2013: "la determinación del ajuar doméstico se hace sobre el total de los bienes dejados por el testador incluidos los legados".
 ST 769/2016 TSJ Madrid 7/07/2017 " 3% del caudal relicto que incluye toda la masa hereditaria y, por tanto, también los legados". "Nos inclinamos a mantener cuanto dijimos en nuestra sentencia de 21 de mayo de 2012 (recurso 1655/2009) compartiendo el criterio que también se expresa en la STSJ de de Extremadura de 17 de septiembre de 2013 .
Entendemos, así, que cuando el art. 15 LISD, establece que "El ajuar doméstico formará parte de la masa hereditaria y se valorará en el tres por ciento del importe del caudal relicto del causante ..." no hay razón alguna para excluir los legados de la base de cálculo ya que, según entendemos, los legados si forman parte del caudal relicto porque forman parte de la herencia. (...)".
Partidarios de la respuesta b.-
Consultas Vinculantes de la Dirección General de Tributos nº V2255-11 y V5411-16 ("siendo el caudal relicto el formado por los bienes, derechos y obligaciones de los que era titular el causante, del mismo no forman parte los bienes que se transmiten mediante legado (...)", y STSJ de Castilla y León nº 1807/12, de 25/10/2012 .
"los legados no forman parte del caudal relicto, ni civil ni fiscal (...) El ajuar no se suma a los legados ni éstos forman parte de la base de cálculo del mismo."
¿Cómo se imputa el ajuar a los causahabientes?
3 tipos de causahabientes:
Heredero
Legatario de cosa determinada
Legatario de parte alícuota
Según la  ST 769/2016 TSJ Madrid 7/07/2017 interpretando el  artículo 23.3 RISD, una vez calculado el ajuar doméstico (con el 3% del caudal relicto que incluye toda la masa hereditaria y, por tanto, también los legados" el ajuar sólo se le debe imputar en su base imponible al heredero, no al legatario (añado yo, de cosa determinada, por lo que ahora diré) de forma tal que cuando sean varios los herederos se distribuirá entre ellos en la proporción en que hayan sido instituidos como tales y cuando sean a la vez herederos y legatarios, lo relevante es su condición de herederos y se les imputará el ajuar a su base imponible en la proporción en que hayan sido instituidos herederos.
La figura del legatario de parte alícuota (ej. recibe legado de legítima estricta o legado del usufructo universal o legado del tercio libre, etc., pero que no es un legado en bienes concretos) se asimila a los efectos de la tributación en el ISD a la figura del heredero. Por tanto, al legatario de parte alícuota también se le imputa su % de ajuar doméstico. Consulta V1506-2014.
 Es decir, en nuestro ejemplo se calcula el ajuar sobre todos los bienes de laherencia incluidos los legados , y se distribuye después la cantidad resultante (4.500€) entre los herederos por partes iguales (2.250€ cada uno).



15.11.17

HEREDERO ÚNICO INSTANCIA PRIVADA

Artículo 14 LH
El título de la sucesión hereditaria, a los efectos del Registro, es el testamento, el contrato sucesorio, el acta de notoriedad para la declaración de herederos abintestato y la declaración administrativa de heredero abintestato a favor del Estado, así como, en su caso, el certificado sucesorio europeo al que se refiere el capítulo VI del Reglamento (UE) n.º 650/2012.
Para inscribir bienes y adjudicaciones concretas deberán determinarse en escritura pública o por sentencia firme los bienes, o parte indivisa de los mismos que correspondan o se adjudiquen a cada titular o heredero, con la sola excepción de lo ordenado en el párrafo siguiente.
Heredero único
Cuando se tratare de heredero únicoy no exista ningún interesado con derecho a legítima, ni tampoco Comisario o persona autorizada para adjudicar la herenciael título de la sucesión, acompañado de los documentos a que se refiere el artículo dieciséis de esta Ley, bastará para inscribir directamente a favor del heredero los bienes y derechos de que en el Registro era titular el causante.
 Artículo 79 RH
Podrán inscribirse a favor del heredero único y a su instancia, mediante la presentación de los documentos referidos en el artículo 76 (testamento o declaración de herederos, certificado de defunción, certificado de últimas voluntades), los bienes y derechos que estuvieren inscritos a nombre  del causante, cuando no exista legitimario ni persona autorizada, según el título sucesorio para adjudicar la herencia, salvo que en este segundo supuesto la única persona interesada en la herencia resultare ser dicho heredero.
Artículo 80 RH
1. Para obtener la inscripción de adjudicación de bienes hereditarios o cuotas indivisas de los mismos se deberán presentar, según los casos:
b) Escritura de manifestación de herencia, cuando en caso de heredero único sea necesario con arreglo al artículo anterior.
El supuesto especial de heredero único se prevé en el artículo 14 de la Ley Hipotecaria, como excepción a la regla general que exige aportar escritura pública o sentencia de la que resulte la partición de herencia (cfr. párrafo segundo del citado artículo). El último párrafo del precepto dispone que «cuando no exista ningún interesado con derecho a legítima, ni tampoco Comisario o persona autorizada para adjudicar la herencia, el título de la sucesión, acompañado de los documentos a que se refiere el artículo 16, bastará para inscribir directamente a favor del heredero los bienes y derechos de que en el Registro era titular el causante». Se completa la norma con el artículo 79 del Reglamento  Hipotecario que añade que podrán inscribirse a favor del heredero único y a su instancia, mediante la presentación de los documentos referidos en el artículo 76 del Reglamento Hipotecario, los bienes y derechos que estuvieren inscritos a nombre del causante, cuando no exista legitimario ni persona autorizada, según el título sucesorio para adjudicar la herencia, salvo que en este segundo supuesto la única persona interesada en la herencia resultare ser dicho heredero. (...)
El título de la sucesión acompañado de la instancia privada prevista en los artículos 14 y 16 de la Ley Hipotecaria no es hábil para lograr la inmatriculación de fincas conforme al artículo 205 de la Ley Hipotecaria.
  2. Debe acreditarse la liquidación delimpuesto de Sucesiones y Donaciones (y de Plusvalía Municipal en su caso) de conformidad con lo dispuesto en los arts 254 y 255 de la LH. 3. La firma  del heredero único en el documento que se pretende inscribir debe ser legitimada, bien notarialmente o bien mediante la comparecencia ante la registradora titular del Registro (arts 79, 80 y 103 de la LH y 216 del R.H.). 
Resumen/Conclusiones:
1º Debe tratarse de heredero único y que no existan legitmarios ni persona autorizada pro el testador para adjudicar la herencia.
2º ¿Cómo se inscriben los inmuebles en el Registro?
Con Instancia privada de manifestación de herencia firmada por el heredero único (o representante con poder que de mandato expreso )cfr. artículos 1713, 1714, 1727 y 1732 delCódigo Civil DGRN 16/11/2011-) firma legitimada por Notario o mediante comparecencia ante el Registrador. 
Para la firma legitimada el Notario va a exigir que se haya liquidado previamente el Impuesto de Sucesiones. Por tanto, se llevará la instancia privada firmada y se presentará en la Oficina Liquidadora junto con el ISD y luego se le lleva al Notario; o bien se recoge la firma delante del Notario y el acto legitimatorio se hace después.
3º Acompañando la liquidación del ISD y en su caso de la Plusvalía Municipal (si finca urbana).
4º Defunción, últimas voluntades y título sucesorio (testamento o declaración de herederos básicamente).

13.11.17

BASE IMPONIBLE AJD DECLARACION OBRA NUEVA ANTIGUA

Vale igualmente para declaraciones de obra nueva "a secas".
Art. 70.1 RITP “1. La base imponible en las escrituras de declaración de obra nueva estará constituida por el valor real de coste de la obra nueva que se declare”. 
El valor real del coste de la obra a que se refiere el Reglamento del ITP y AJD no puede se otro que el de ejecución material de la obra, porque es el mas coherente con la supuesta manifestación de capacidad económica que se pretende gravar en la declaración de obra nueva, que es la incorporación al mundo jurídico de un elemento patrimonial anteriormente inexistente. No forman parte de la base imponible el IVA y demás impuestos análogos, las tasas, precios públicos y demás prestaciones patrimoniales de carácter publico local relacionadas, en su caso, con la construcción, instalación u obra, ni tampoco los honorarios de profesionales, el beneficio empresarial del contratista ni cualquier otro concepto que no integre, estrictamente, el coste de ejecución material. 
Consulta V1761-13, Resolución 508/2011 TEAC  y ST TS 10/04/2014.
La definición más clara en mi opinión se da en ST TSJ Castilla la Mancha de 5/03/2010, que reproduce la ST del TS de 10/04/2014: la expresión "valor real de coste de la obra" no puede significar otra cosa que lo que debe valorarse es lo que realmente costó la ejecución de la obra.

10.11.17

INSTANCIA PRIVADA SOLICITANDO CANCELACION DE UNA CONDICIÓN RESOLUTORIA POR CADUCIDAD

Se presenta una instancia privada en la que se solicita la cancelación de una condición resolutoria alegando la caducidad del artículo 82 de la Ley Hipotecaria, el registrador suspende «por no acreditarse el pago, la exención o la no sujeción a los impuestos correspondientes (artículos 254 de la ley hipotecaria)».
Se recurre contra dicha suspensión de calificación.
La Dirección General de Registros y del Notariado, dice que una instancia privada es un documento privado, y no una escritura pública.
Y, por tanto, como tal documento privado, cualquiera que fuera su contenido, queda conceptualmente excluida la posibilidad de que pueda quedar sujeto a la modalidad gradual del impuesto de actos jurídicos documentados que grava determinadas escrituras públicas.
También es claro que no documenta ninguna transmisión patrimonial onerosa, ni gratuita, ni ninguna operación societaria, sino que se limita a solicitar que el registrador cancele un determinado asiento en aplicación de un determinado precepto. Por lo tanto, es patente que tal documento, tanto si atendemos a su forma como a su contenido, no está sujeto a ninguna de las modalidades del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, ni del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, ni del Impuesto municipal sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, que son los contemplados expresa o implícitamente en los artículos 254 y 255 de la Ley Hipotecaria.
En consecuencia, siendo evidente la no sujeción del documento a ninguno de los citados impuestos, carece de fundamento la decisión del registrador de suspender su calificación «por no acreditarse el pago, la exención o la no sujeción a los impuestos correspondientes».
Resolución de 24/05/2017 DGRN
De todas formas, si se prefiere evitar problemas con el Registro lo más práctico es liquidar el documento con modelo 600 AJD como no sujeto.

8.11.17

PROFESIONAL QUE PUBLICA ARTÍCULOS EN REVISTAS

Se trata, por ejemplo de un abogado en ejercicio que publica artículos para una revista jurídica, con las que no hay relación laboral.
Cobra a tantos €uros por artículo; le pagan con carácter mensual o tras cada publicación.
Tributación en IRPF e IVA.-
En IRPF.- ¿Los rendimientos que obtiene son de trabajo personal o de actividad económica?
Los rendimientos que pueda percibir (ya sea una cantidad por artículo publicado o una cantidad mensual) procederá calificarlos con carácter general como rendimientos del trabajo, salvo que la cesión de derechos de propiedad intelectual que comporta la publicación de las colaboraciones se realice en el ejercicio de una actividad económica, —esto es: ordenación por cuenta propia de medios de producción y de recursos humanos, o de uno de ambos, con la finalidad de intervenir en la producción o distribución de bienes o servicios—, en cuyo caso su calificación sería la de rendimientos de actividades profesionales.
La Dirección General de Tributos viene interpretando que la consideración particular de estas rentas como rendimientos de actividades profesionales depende de la existencia de la referida ordenación por cuenta propia, lo que habrá de determinarse en cada caso concreto, a la vista de las circunstancias concurrentes. Igualmente, cabe entender que se obtienen rentas de actividades económicas cuando el contribuyente ya viniera ejerciendo actividades económicas y realice sus colaboraciones como articulista en materias relacionadas directamente con el objeto de su actividad, de manera que pueda entenderse que se trata de un servicio más de los que se prestan a través de la ordenación por cuenta propia configuradora de la actividad económica que ya venía desarrollando. Consulta  V0831-15 de 13/03/2015.
Por tanto, parece que en IRPF las rentas que por dicha actividad perciba tendrán la calificación de Rendimientos de Actividad Económica.
 La calificación de estos rendimientos como profesionales conllevaría su sometimiento a retención en cuanto sean satisfechos por una persona o entidad obligada a retener (76 RIRPF), retención que se practicará de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 95.1 del RIRPF: 
“Cuando los rendimientos sean contraprestación de una actividad profesional, se aplicará el tipo de retención del 15% sobre los ingresos íntegros satisfechos.
En IVA.- 
Estarán sujetos pero exentos del Impuesto sobre el Valor Añadido los servicios de colaboración profesional prestados. Art. 20.Uno.26 LIVA
Consulta V2891-16 de 22/06/2016

6.11.17

¿Cuándo comienza el plazo de prescripción del Impuesto de Sucesiones cuando los herederos han solicitado prórroga de 6 meses?

¿Cuándo comienza el plazo de prescripción del Impuesto de Sucesiones cuando los herederos han solicitado prórroga de 6 meses?
Según esta sentencia el plazo de los 4 años comienza a contarse desde el día siguiente al último día de prórroga del plazo de presentación.


Hechos.-

1ºCausante fallece el 22/07/2005.

2ºEl 22/12/2005 se presenta escrito solicitando prórroga del artículo 68 RISD, concedida por silencio administrativo al no contestar en el plazo de un mes.

3º El 10/02/2006 presentan ante la Consejería de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid escrito a de preacuerdo privado de partición de la herencia que habían alcanzado.

4º El día 6/03/2006 tuvo entrada en el Registro de la Consejería de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid escrito por el cual se comunicaba el acuerdo definitivo de partición de herencia alcanzado por los herederos mediante escritura pública. Este acuerdo modificaba y puntualizaba en algunos aspectos el preacuerdo presentado el 10/02/2006.

5º La Dirección General de Tributos de la Comunidad de Madrid dictó liquidación provisional con apertura del trámite de alegaciones en relación con el impuesto sobre sucesiones el 4/02/2010 que se intentó notificar al contribuyente, en un primer intento, el 12 /03/2010 (intento de notificación infructuoso al estarse "ausente"), y vuelve a intentarse mediante un posterior 2º aviso, que se habría producido el 17/03/2010, que tampoco dio fruto (de nuevo se marca la casilla de "ausente") y, finalmente, consta que el citado envío fue debidamente entregado el 23/03/2010 .

La única cuestión litigiosa, consiste en determinar, si en ese caso, ha prescrito el derecho de la Administración para liquidar la deuda tributaria.

La clave para responder a esa cuestión está en determinar cuando comienza el plazo de prescripción del derecho a determinar la deuda tributaria, cuando los herederos han solicitado la prórroga.

La Administración tributaria sostiene que el día 23/07/2006, al considerar que el plazo de prórroga forma parte del plazo reglamentario para presentar la oportuna declaración al considerar que la prórroga es automática y entender que estamos ante un plazo de presentación unitario ampliado.

El recurrente estima que el día 23/01/2006 fecha en que terminó el plazo de presentación de la declaración o autoliquidación, al no poder incluirse la prórroga, o que en todo caso que desde el 6/03/2006 en que se presentó la declaración hasta el 23/03/2010 en que se notificó la liquidación habían transcurrido más de cuatro años.

Normativa que regula la materia:

66 LGT:

(...) Prescribirán a los cuatro años los siguientes derechos:

a) El derecho de la Administración para determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación».

En cuanto al cómputo de los plazos de prescripción, señala el artículos 67 que:

«(...)1. El plazo de prescripción comenzará a contarse en los distintos casos a los que se refiere el artículo anterior conforme a las siguientes reglas:

En el caso a), desde el día siguiente a aquel en que finalice el plazo reglamentario para presentar la correspondiente declaración o autoliquidación ».

Y el  artículo 68 LGT, relativo a la "Interrupción de los plazos de prescripción " preceptúa que:

«(...) 1. El plazo de prescripción del derecho a que se refiere el párrafo a) del art. 66 de esta ley se interrumpe:

a) Por cualquier acción de la Administración tributaria, realizada con conocimiento formal del obligado tributario, conducente al reconocimiento, regularización, comprobación, inspección, aseguramiento y liquidación de todos o parte de los elementos de la obligación tributaria.

b) Por la interposición de reclamaciones o recursos de cualquier clase, por las actuaciones realizadas con conocimiento formal del obligado tributario en el curso de dichas reclamaciones o recursos, por la remisión del tanto de culpa a la jurisdicción penal o por la presentación de denuncia ante el Ministerio Fiscal, así como por la recepción de la comunicación de un órgano jurisdiccional en la que se ordene la paralización del procedimiento administrativo en curso.

c) Por cualquier actuación fehaciente del obligado tributario conducente a la liquidación o autoliquidación de la deuda tributaria.».

Se completa con la LISD,  que en el artículo 24 indica que:

1. En las adquisiciones por causa de muerte y en los seguros sobre la vida, el impuesto se devengará el día del fallecimiento del causante (…)

Así como lo dispuesto en el artículo 31, relativo a la "Declaración y liquidación" que preceptúa que:

“Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar una declaración tributaria, comprensiva de los hechos imponibles a que se refiere la presente Ley, en los plazos y en la forma que reglamentariamente se fijen.”

La LISD, remite en su artículo 31 a la determinación reglamentaria, el plazo que tienen los sujetos pasivos a los efectos de presentar la liquidación correspondiente, plazo que viene establecido en el  Reglamento del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, interesando destacar a estos efectos sus artículo 67 y 68 .

El artículo 67, que bajo el epígrafe "Plazos de presentación" preceptúa que:

1. Los documentos o declaraciones se presentarán en los siguientes plazos:

a) Cuando se trate de adquisiciones por causa de muerte, incluidas las de los beneficiarios de contratos de seguro de vida, en el de seis meses, contados desde el día del fallecimiento del causante o desde aquel en que adquiera firmeza la declaración de fallecimiento. El mismo plazo será aplicable a las adquisiciones del usufructo pendientes del fallecimiento del usufructuario, aunque la desmembración del dominio se hubiese realizado por acto «inter vivos».

Y el artículo 68 que se intitula "Prórroga de los plazos de presentación" establece que:

«(...) 1. La oficina competente para la recepción de los documentos o declaraciones podrá otorgar prórroga para la presentación de los documentos o declaraciones relativos a adquisiciones por causa de muerte por un plazo igual al señalado para su presentación.

2. La solicitud de prórroga se presentará por los herederos, albaceas o administradores del caudal relicto dentro de los cinco primeros meses del plazo de presentación, acompañada de certificación del acta de defunción del causante, y haciendo constar en ella el nombre y domicilio de los herederos declarados o presuntos y su grado de parentesco con el causante cuando fueren conocidos, la situación y el valor aproximado de los bienes y derechos y los motivos en que se fundamenta la solicitud.

3. Transcurrido un mes desde la presentación de la solicitud sin que se hubiese notificado acuerdo, se entenderá concedida la prórroga.

4. No se concederá prórroga cuando la solicitud se presente después de transcurridos los cinco primeros meses del plazo de presentación.

5. En caso de denegación de la prórroga solicitada, el plazo de presentación se entenderá ampliado en los días transcurridos desde el siguiente al de la presentación de la solicitud hasta el de notificación del acuerdo denegatorio. Si como consecuencia de esta ampliación, la presentación tuviera lugar después de transcurridos seis meses desde el devengo del Impuesto, el sujeto pasivo deberá abonar intereses de demora por los días transcurridos desde la terminación del plazo de seis meses.

6. La prórroga concedida comenzará a contarse desde que finalice el plazo de seis meses establecido en el art. 67,1 a), y llevará aparejada la obligación de satisfacer el interés de demora correspondiente hasta el día en que se presente el documento o la declaración.

7. Si finalizado el plazo de prórroga no se hubiesen presentado los documentos, se podrá girar liquidación provisional en base a los datos de que disponga la Administración, sin perjuicio de las sanciones que procedan ».

Para interpretar las normas más arriba transcrita hemos de acudir al  artículo 3.1º del Código Civil que señala que "las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras en relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos ... atendiendo al espíritu y finalidad de aquéllas", de donde hemos de tener en cuenta que la interpretación de cualquier precepto (en este caso el 66 de la Ley General Tributaria que establece que "el plazo de prescripción comenzará a contarse desde el día siguiente a aquel en que finalice el plazo reglamentario para presentar la correspondiente declaración o autoliquidación) contenido dentro de todo el sistema normativo más amplio no ha de efectuarse aisladamente sino que, por contra, ha de indagarse su correcta hermenéutica poniéndola en conjunción con el resto de previsiones integradas en ordenamiento jurídico globalmente considerado, pues el ordenamiento jurídico tiende a configurarse como un todo armónico y las diferentes previsiones que la integran deben entenderse como complementarias las unas de las otras impidiéndose, de esta manera, un entendimiento individualizado de una sola de ellas al ser el conjunto el que debe aplicarse para alcanzar los fines perseguidos. Es más, el principio de no contradicción se erige en uno de los principales de la lógica y de la epistemología y, por lo tanto, de la lógica jurídica, dirigiendo la labor interpretativa hacia resultados apartados de cualquier viso de contradicción entre distintas previsiones del sistema normativo, en fin, que conduzcan al absurdo.

Así pues atendiendo a un interpretación gramatical de la norma, pero integrada dentro de todo el conjunto normativo, debemos concluir que el plazo de prescripción comenzará a contarse desde el día siguiente a aquel en que finalice el plazo reglamentario para presentar la correspondiente declaración o autoliquidación, plazo reglamentario que en el impuesto de sucesiones puede ser seis meses, ampliable por otros seis meses, a petición del contribuyente.

Cuando se promulgó la Ley 58/2003 (LGT), ya estaba vigente la Ley 29/1987 (LISD). Y el legislador estableció claramente que el plazo de prescripción comenzará a contarse desde el día siguiente a aquel en que finalice el plazo reglamentario para presentar la correspondiente declaración o autoliquidación, plazo reglamentario que en el caso del Impuesto de Sucesiones admite prórrogas automática a petición de la parte, se trata pues de un plazo tan reglamentario de presentación como el inicial sin prórroga.

Debemos tener presente que además el  artículo 198 de la Ley 58/2003 (LGT) relativo a las "Infracción tributaria por no presentar en plazo autoliquidaciones o declaraciones sin que se produzca perjuicio económico, por incumplir la obligación de comunicar el domicilio fiscal o por incumplir las condiciones de determinadas autorizaciones" prevé que:

«(...)1. Constituye infracción tributaria no presentar en plazo autoliquidaciones o declaraciones, así como los documentos relacionados con las obligaciones aduaneras, siempre que no se haya producido o no se pueda producir perjuicio económico a la Hacienda Pública».

El plazo de presentación de autoliquidaciones o declaraciones, es el que reglamentariamente se establece para cada tributo, pues su determinación no está sujeto a la reserva de ley tributaria. Otra interpretación de las normas llevaría a que la presentación dentro del periodo de prorroga sería sancionable por no considerarse presentación en plazo.

Sin embargo el legislador ha previsto cuales son los efectos que llevará la petición de la prórroga y son la obligación de satisfacer el interés de demora correspondiente hasta el día en que se presente el documento o la declaración, y que si finalizado el plazo de prórroga no se hubiesen presentado los documentos, se podrá girar liquidación provisional en base a los datos de que disponga la Administración, sin perjuicio de las sanciones que procedan, esto es por presentación fuera de plazo.

La Administración no puede empezar a liquidar hasta que no finalice el plazo de prórroga, por lo que en consecuencia, es lógico, que se compute desde ese momento el plazo de prescripción.

La interpretación de las normas no puede suponer que se dispense un trato distinto, contrario al artículo 14 de la  Constitución Española , a los contribuyentes, y que en unos casos la Administración Tributaria disponga de cuatro años para liquidar por el Impuesto de Sucesiones y en otros casos de tres años y medio.

La prórroga del plazo de presentación prevista en el Reglamento del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, tiene como finalidad que los contribuyentes puedan cumplir en plazo sus obligaciones tributarias, pues el legislador es consciente de los problemas que en muchas ocasiones se generan en las sucesiones por causa de muerte.

La concesión de la prórroga del plazo de presentación, que es un beneficio para el administrado, en ningún caso puede suponer una merma de los derechos de la Administración y de la reducción del plazo para liquidar.

Otra interpretación de la norma supondría que la Administración dispondría de seis meses menos para liquidar al contribuyente, dispensándose un trato distinto a unos y otros obligados tributarios, lo cual no parece que sea la finalidad perseguida por la norma.

El recurrente cuando aportó el escrito de fecha 6/03/2006 no renunció al resto del plazo de prórroga (hasta 22/07/2006) y por tanto podía presentar nuevas declaraciones o autoliquidaciones que rectificarán o ampliaran a la de fecha 6/03/2006 así pues cuando la administración tributaria notificó la liquidación el 23/03/2010 estaba dentro del plazo para liquidar la deuda, por lo que debemos rechazar la petición del recurrente y estimar que no había prescrito el derecho de la Administración a liquidar la deuda tributaria.

3.11.17

ÚLTIMO DÍA PARA PRESENTAR IMPUESTO SUCESIONES

El 6 de junio de 2017 se produce el fallecimiento.
¿Cuál es el último día para presentar el Impuesto de Sucesiones (sin prórroga)?

El Real Decreto 1629/1991, de 8 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones regula en su artículo 67 los plazos de presentación de los documentos o declaraciones, estableciendo que “se presentarán en los siguientes plazos:

a) Cuando se trate de adquisiciones por causa de muerte, incluidas las de los beneficiarios de contratos de seguro de vida, en el de seis meses, contados desde el día del fallecimiento del causante o desde aquél en que adquiera firmeza la declaración de fallecimiento…..”
Para determinar la forma de llevar a cabo el cómputo de plazos debemos acudir a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que trata dicha materia en el artículo 30:
30.4. Si el plazo se fija en meses o años, éstos se computarán a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate, o desde el siguiente a aquel en que se produzca la estimación o desestimación por silencio administrativo.
El plazo concluirá el mismo día en que se produjo la notificación, publicación o silencio administrativo en el mes o el año de vencimiento. Si en el mes de vencimiento no hubiera día equivalente a aquel en que comienza el cómputo, se entenderá que el plazo expira el último día del mes.
30.5. Cuando el último día del plazo sea inhábil, se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.
 30.2.Siempre que por Ley o en el Derecho de la Unión Europea no se exprese otro cómputo, cuando los plazos se señalen por días, se entiende que éstos son hábiles, excluyéndose del cómputo los sábados, los domingos y los declarados festivos.
Siendo el día inicial del cómputo el 6 de junio,

Conforme a la redacción dada por la Ley 39/2015 según el cual si el plazo se fija en meses, se computará a partir del día siguiente, deberemos partir del día 7 de junio, y por tanto, el ultimo día del plazo será también el 6 de diciembre, que como es inhábil, por ser festivo, se pasa al 7 de diciembre 2017, que es el primer día hábil siguiente al 6 de diciembre. Lo mismo pasaría si el día 6 de diciembre fuese sábado o domingo: por ser también inhábil, el último día "saltaría" al primer hábil siguiente: lunes.
Actualización de Consulta Vinculante V3096-11.

2.11.17

TIPO IMPOSITIVO DE LA TRANSMISION DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS EN TPO

La transmisión por el concesionario de una concesión administrativa recaída sobre un inmueble tributa en TPO al tipo de los inmuebles.
Para resolver la cuestión planteada debemos partir de la distinción que el Tribunal Supremo ha establecido entre la constitución de una concesión administrativa y la transmisión de la misma o de parte de ella una vez constituida aquella. En tal sentido, la sentencia de fecha 18 de diciembre de 2001, Roj: STS 9981/2001 , transcrita en lo que aquí interesa, ha dicho:<< SEGUNDO.- La Sala, en el punto concreto del tipo aplicable a la transmisión de una concesión administrativa a que, conforme acaba de exponerse, se contrae el problema planteado en este recurso, tiene declarado -  sentencia de 19 de Octubre de 1995, recurso 9035/92 - que ya desde el establecimiento definitivo de los Impuestos de Derechos Reales y sobre Transmisiones de Bienes por la Ley de 2 de Abril de 1900, desarrollada por el Reglamento de 20 de Abril de 1900, fué una constante la distinción, en materia de concesiones administrativas, de dos actos o negocios distintos, reconocidos como hechos imponibles separados, como eran el otorgamiento por la Administración Pública competente, o constitución, de la concesión y su transmisión por actos "inter vivos" o "mortis causa". Así se desprendía, con toda claridad, del epígrafe XII de su art. 2 º, que distinguía, para sujetarlas a dicho Impuesto, entre las concesiones administrativas de bienes, obras, servicios y aprovechamientos públicos otorgadas por el Estado, las Provincias o los Municipios y los actos de traspaso, cesión o enajenación de toda clase de concesiones o del derecho a su explotación, estuvieran o no representadas por acciones y cualquiera que fuera la forma en que se verificaran, y así, también, fué mantenido en todos los textos legales que le siguieron (Decreto-Ley de 27 de Abril de 1926, Textos Refundidos de los Impuestos de Derechos Reales y de Transmisión de Bienes de 28 de Febrero de 1927, 7 de Noviembre de 1947 y 21 de Marzo de 1958, arts. 2º, epígrafes XIII y XVI) hasta la  Ley 41/1964, de 11 de Junio  ( RCL 1964, 1256 , 1706 y RCL 1965, 665)  , de Reforma del Sistema Tributario , que, en su art. 144.8º, lo mismo que el posterior Texto Refundido de 6 de Abril de 1967 , declaraba sujetos al Impuesto "la concesión administrativa de bienes, obras, aprovechamientos públicos y su transmisión por actos <<inter vivos>> y no solo eso, sino que distinguía y separaba, en su tarifa, los dos hechos imponibles, a los que aplicaba tipos impositivos diferentes.
En realidad, como sigue razonando la sentencia mencionada, las dificultades de interpretación sobre el extremo arrancan de la confusa redacción introducida por el  art. 9  de la  Ley 32/1980, de 21 de Junio, del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITP y AJD), luego reproducido en el art. 13.1 del Texto Refundido aprobado por  Real Decreto Legislativo 3050/1980, de 30 de Diciembre, cuando determinó que "las concesiones administrativas tributarán en todo caso como constitución de derechos al tipo de gravamen establecido en el art. 7º, letra b ) -- art. 11.b ) en el Texto Refundido de 1980-- cualquiera que sea su naturaleza, duración y bienes sobre que recaigan" y, por consiguiente, efectuó una intrincada y oblicua remisión a un tipo --el dos por ciento-- referido a las "transmisiones de bienes inmuebles y semovientes, así como [a] la constitución y cesión de derechos sobre los mismos, salvo los derechos reales de garantía y cualquier otro acto sujeto no comprendido en las demás letras del apartado" --art. 7.b de la Ley de 1980 y 11.b) del Texto Refundido del mismo año en su redacción original, que es la aquí aplicable--, en vez de decir, de modo sencillo, que a las concesiones administrativas se aplicará el tipo de gravamen del 2 por 100.
No obstante, resulta incuestionable que la remisión acabada de analizar está referida solamente al tipo de gravamen y no al resto del contenido del art. 7º.b --11.b) del Texto Refundido ITP y AJD de 1980 --, ya que este precepto trata de la transmisión de bienes inmuebles y semovientes, así como de la constitución y cesión de derechos reales sobre los mismos, claramente inaplicables a las concesiones administrativas, que, por expresa disposición del  art. 334   del  Código Civil, tienen la condición de bienes inmuebles.
TERCERO.- Aparte lo dicho, una interpretación gramatical, lógica y sistemática conduce a la misma conclusión.
En efecto. En el primer aspecto, el término "concesión", en su más inmediata acepción, significa "acción y efecto de conceder", y, en una más elaborada, encuentra un significado equivalente a su concepto jurídico, es decir, y por seguir la definición del Diccionario de la Real Academia, asimilable, al otorgamiento gubernativo a favor de particulares o de empresas, bien sea por apropiaciones, disfrutes o aprovechamientos privados en el dominio público, según acontece en minas, aguas o montes, bien para construir o explotar obras públicas o bien para ordenar, sustentar o aprovechar servicios de la administración general o local". La expresión "otorgamiento de la concesión", pues, resulta redundante en cuanto ambos sustantivos son sinónimos. De ahí que, cuando los arts. 9 y 11 de la Ley y del Texto Refundido utilizan la palabra "concesión", se están refiriendo, en buena gramática, a su otorgamiento y no a su posible transmisión, y de ahí, también, que la locución adverbial "en todo caso", en que la sentencia y la entidad recurrida ponen el énfasis, completa el alcance del verbo tributar, pero no modifica en absoluto el concepto y la naturaleza del sujeto de la oración, que es y deberá ser siempre el acto jurídico de concesión y no el de transmisión--.
En otro orden de ideas --y desde el punto de vista de la lógica-- con una concesión se transfiere a los particulares, para la realización de obras públicas, prestación de servicios públicos o aprovechamiento del dominio público, esferas de actuación originariamente administrativas, porque mediante ella --mediante la concesión, se entiende-- la Administración se desprende y atribuye a los particulares facultades públicas con la finalidad de conseguir la mejor realización y defensa del interés general. En cambio, en una transmisión onerosa de las concesiones, predomina el interés particular de obtención de lucro, beneficios o plusvalías económicas. Es por ello que el Derecho Tributario haya distinguido, desde siempre, como antes se ha destacado, dos hechos imponibles diferenciados en función del grado distinto de promoción del interés público que con cada uno se pretenda conseguir, y es por ello, igualmente, que esté plenamente justificado que una "transmisión" de concesiones administrativas tribute al 4 por 100, en tanto que el otorgamiento o la constitución de esa concesión lo haga al 2 por 100. Además, como quiera que existe una gran dificultad de englobar en una misma definición y concepto toda la gama de facultades que las distintas clases de concesión otorgan a los particulares, sin una expresa y única calificación jurídico- tributaria, esa variada gama de facultades y relaciones jurídicas --unas regidas por el Derecho público y otras por el privado-- podría en contrar encaje distinto dentro de las modalidades del hecho imponible en el ITP y AJD. Por eso, ante la complejidad de ese abanico de relaciones y situaciones que una concesión implica, se hacía necesario tipificarlas de modo uniforme en su tratamiento fiscal y por eso, igualmente, el  art. 9   de la Ley 32/1980 y el 11 del Texto Refundido de 30 de Diciembre siguiente llevaron a cabo dicha uniformización y ratificaron que el tipo de gravamen aplicable a todas las concesiones (en su genuina significación gramatical de otorgamiento) fuera el 2 por 100 y, en cambio, los actos de transmisión, configurados normalmente con arreglo al Derecho privado, tributaran al 4 por 100.
Por último, desde la perspectiva de la interpretación sistemática, ha de destacarse que el art. 3º.1 de la Ley y el 7º.1 del Texto Refundido, al regular el hecho imponible del ITP, distinguen, dentro de las transmisiones patrimoniales sujetas, "A) Las transmisiones onerosas por actos <<inter vivos>> de toda clase de bienes y derechos que integren el patrimonio de las personas físicas o jurídicas" y "B) La constitución de derechos reales, préstamos, fianzas, arrendamientos, pensiones y concesiones administrativas". En presencia de esta distinción, no puede caber duda de que un acto de una Administración pública por el cual esta otorga una concesión, ha de quedar subsumido en el apartado B) de los preceptos acabados de transcribir como concepto asimilado que es al de constitución de derechos en favor de un particular con el objeto de realizar obras públicas, prestar servicios públicos o aprovechar el dominio público, según la naturaleza de la concesión de que se trate. Tampoco puede caber duda que la transmisión onerosa de la concesión a otra persona por acto "inter vivos" ha de quedar incluida en el ap. A) de dichos preceptos, es decir, en otro hecho imponible distinto del anterior, el de "transmisiones onerosas", ya que, en definitiva, no puede negarse que es una indiscutible transmisión de bienes y derechos que, hasta el momento de la transmisión, integraban el patrimonio de la persona física o jurídica transmitente. Buena prueba de que es así, la constituye el dato de que el Reglamento del ITP y AJD vigente, el aprobado por Real Decreto 829/1995, de 29 de Mayo, en su art. 10.3 , después de establecer que "las concesiones administrativas tributarán, en todo caso, como constitución de derechos, al tipo de gravamen establecido en el párrafo b) del ap. 1 del art. 51 , cualesquiera que sean su naturaleza, duración y los bienes sobre los que recaigan", haya añadido que "la transmisión de sus derechos por el concesionario o por el beneficiario de los actos o negocios administrativos que se equiparan fiscalmente a concesiones administrativas, tributará por el tipo de gravamen que corresponda a la naturaleza mueble o inmueble de los derechos que se transmitan" . Aunque este Reglamento no sea aplicable, por razón de su fecha, al supuesto aquí enjuiciado, no cabe duda que constituye un poderoso elemento interpretativo en la línea que en esta sentencia se propugna. ....>>
Partiendo de tal premisa y teniendo en cuenta que, en el presente caso estamos ante la transmisión de una parte indivisa de locales comerciales construidos en el terreno del puerto deportivo originariamente otorgado en regimen de concesión administrativa, entra en juego lo dispuesto en el citado art.10.b) 3, párrafo segundo del Reglamento del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales , aprobado por  RD 828/1995 , y, en consecuencia, la transmisión por el concesionario de derechos derivados de la concesión o por otros adquirentes anteriores, como negocio jurídico distinto del acto administrativo originario de constitución de aquélla, no determina ni la valoración de la transmisión del inmueble como si de constitución de una concesión administrativa se tratase ni consecuentemente la aplicación de un tipo impositivo privilegiado aplicable a la constitución del derecho concesional, sino el correspondiente al bien que se transmita, en este caso un bien inmueble.

31.10.17

FECHA ADQUISICION PLUSVALIA MUNICIPAL CUANDO EL TERRENO ERA INICIALMENTE RUSTICO

En el impuesto sobre incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, resulta inoperante la situación urbanística de los terrenos en el inicio del período impositivo o incluso durante el mismo, ya que lo decisivo es que, en el momento de la transmisión determinante del devengo, tengan la condición de urbanos en los términos previstos para el impuesto sobre bienes inmuebles, El plazo ("dies a cuo") se computa desde la adquisición, no desde que la finca tiene la condición de urbana.

TSJ CV 731/2001 de 19/06/2001
Constituye el objeto del presente recurso la impugnación que por la parte actora se realiza de la resolución de 12-3-98 del Ayuntamiento de Onda, por la que se desestima su recurso de reposición deducido frente a la liquidación que, en concepto de impuesto sobre incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, se le gira por la transmisión operada el 27-11-97, alegando como motivo de tal impugnación que la finca no tenía la condición de urbana cuando la adquirió, calificación que no obtiene hasta 1988, aspectos éstos no discutidos; y partiendo de ellos la actora considera que, sólo a partir de 1988, se puede computar el plazo para determinar la derivada liquidación, y consecuentemente, considera improcedente la postura de la Administración que le computa, como período impositivo, el de veinte años, a lo que se opone el Ayuntamiento por entender que, en todo caso, debe tomarse como hito inicial la de la anterior transmisión, sea cualquiera la calificación urbanística que en ese momento tuviera la finca, al ser el momento de la actual y última transmisión el instante en que tal calificación tiene transcendencia.
SEGUNDO : Que, la Jurisprudencia del Tribunal Supremo, entre otras, sentencias de 31 de marzo y 21 de mayo de 1997, ha venido declarando:
"El impuesto de plusvalía, único que encuentra su fundamento directo en la Constitución Española (artº 47 "in fine"), como forma de participación de la comunidad en las plusvalías generadas por la acción urbanística de los entes públicos (razón histórica de su implantación hace ahora aproximadamente setenta y cinco años, como indicaba la propia denominación del entonces arbitrio), tiene como objeto o más bien como hecho imponible el aumento del valor que hayan experimentado los terrenos durante, precisamente, el período de imposición, según definición, como ya se ha indicado, desde su origen hasta hoy, a tenor de lo que ha entendido esta Sala, entre otras, en S.S. 3 y 28 de octubre de 1986, 26 mayo 1987, 28 enero 1991 y 14 mayo 1993.
A la vista de lo hasta aquí razonado, y de acuerdo con las circunstancias fáctico jurídicas del caso, procede estimar el presente recurso, habida cuenta que, a tenor de la doctrina jurisprudencial sentada en las sentencias de esta Sala, entre otras, SS 18 febrero 1985, 22 junio 1989, 28 enero, 14 septiembre y 6 noviembre 1991 y 14 mayo 1993, si bien se patrocina por la sentencia apelada que, por haberse aprobado el Plan General, con la consiguiente clasificación de los terrenos discutidos como suelo urbanizable programado, debería tomarse como hito inicial el día de la entrada en vigor del mismo, 1 agosto 1976; tal criterio, no es conforme a Derecho, pues, además de que, de acuerdo con la normativa general y, concretamente, con el texto de la Ley de Régimen Local de 1955 y sucesivamente, del R.D. 3250/1976 y el RDLeg. 781/1986, es lícito exigir o gravar las plusvalías producidas con anterioridad, tanto a su respectiva vigencia como a la clasificación o calificación de los terrenos transmitidos como solares o como suelo urbano urbanizable programado (es decir, como suelo sujeto al impuesto), en cuanto esas normas no entendieron que los valores iniciales fueran los de su entrada en vigor o los de la aprobación del Plan urbanístico correspondiente (con los efectos dichos), sino los señalados en los artºs. 511.3 Ley de 1955 o 92,3 RD 3250/1976 o 355,3 RDLeg 781/1986, para el momento de la transmisión precedente, o, como en el presente caso, cierre del período impositivo anterior o devengo de la tasa de equivalencia, es obvio que los terrenos objeto de controversia, aunque en su día, en el hito inicial del período impositivo, estuvieran no sujetos al impuesto por su naturaleza de agrícolas o rústicos y su no clasificación o calificación todavía de solares y de suelo urbano urbanizable programado, lo están ya, ahora, al tiempo del devengo, año 1989, al haber accedido a la última calidad citada el 1 agosto 1976 y, por tanto, no existe ningún obstáculo para que se les apliquen las plusvalías obtenidas con anterioridad, porque, en cuanto el terreno de autos ha alcanzado la condición de urbano y ha cesado así, su carácter anterior de no sujeto al impuesto, siendo ésta la situación en que se hallaba al tiempo del devengo, hito temporal de todo su régimen impositivo, ha quedado sometido ya a tal carga fiscal con todas sus consecuencias, o sea, en igualdad de trato con los demás terrenos sujetos a la misma, desde las anteriores transmisiones o cierre del anterior período impositivo y no desde la aprobación, en 1976, del Plan General. De lo contrario, se daría el contrasentido y la anomalía de que, terrenos inicialmente rústicos, como el de autos, que posteriormente se transforman en urbanos o urbanizables programados, serían de mejor condición que aquéllos que venían ostentando tal naturaleza con anterioridad, y, por tanto, tendrían un límite temporal a la exigencia de las plusvalías obtenidas (o, incluso, un obstáculo a su producción, en el caso de que el pretendido hito inicial y el devengo estuvieran así comprendidos en el mismo índice trienal o bianual), cuando, por su propia naturaleza y por definición, son estos propios terrenos los que las alcanzan mayores; y, si lo que grava este impuesto son precisamente las plusvalías obtenidas por los particulares, en razón sobre todo de los Planes Urbanísticos, la interpretación patrocinada por la sentencia de instancia implicaría que los más beneficiados por esos planes tendrían un tratamiento fiscal mucho más suave (o incluso nulo, como ya se ha apuntado), como consecuencia de la reducción (o desaparición) del período de imposición, siendo así que ninguna norma distingue y establece un régimen especial para los terrenos que van encontrándose progresivamente sujetos al impuesto, y a medida que ésto ocurre, en cuanto, en definitiva, la no sujeción al mismo se refiere al momento de la transmisión determinante del devengo y no a la condición o situación urbanística del predio al inicio del período impositivo o durante el transcurso del predio al inicio del período impositivo o durante el transcurso del mismo.
La Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de noviembre de 1997, dictada en recurso de casación en interés de la Ley, recogiendo la anterior doctrina, ha reiterado que; "... si bien la plusvalía o el incremento de valor se produce a lo largo de todo el período impositivo, el hecho imponible no precisa ser periodificado, pues el incremento a considerar es el que se manifiesta en el momento en que se produce la transmisión de bienes o la constitución o transmisión de derechos reales, acontecimientos éstos que, en sentido jurídico, son instantáneos en cuanto se producen, agotan o terminan en un momento determinado. Por eso, está comúnmente admitido que éste es un impuesto instantáneo, no periódico, y que no se produce ningún género de retroactividad de normas tributarias por la circunstancia de que el hito inicial del período impositivo -la transmisión anterior- hubiera tenido lugar con anterioridad a la clasificación de los terrenos afectados como suelo urbano o urbanizable, ésto es, cuando vgr. ostentaban la naturaleza de rústicos. Es más: lo normal es que el referido hito inicial quede siempre detrás o en momento anterior a la obtención por los terrenos afectados de su nueva clasificación o calificación urbanística."
Y sienta, como doctrina legal, que "... en el impuesto sobre incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, resulta inoperante la situación urbanística de los terrenos en el inicio del período impositivo o incluso durante el mismo, ya que lo decisivo es que, en el momento de la transmisión determinante del devengo, tengan la condición de urbanos en los términos previstos para el impuesto sobre bienes inmuebles, o con arreglo a las disposiciones e instrumentos urbanísticos aplicables."
 TERCERO : Que, esta Sala, en reiteradas sentencias ha entendido que en este impuesto no ha de considerarse sino el tiempo durante el que los terrenos gravados hayan ostentado la condición de urbanos o urbanizables, doctrina de la que, al reexaminar nuevamente la cuestión, se ha de apartar al ser contraria a la que se acaba de exponer; y disponer el artº 100.7 de la Ley 29/1998 de 13 de julio de la Jurisdicción, en referencia al Recurso de Casación en interés de Ley, que: "La sentencia que se dicte respetará, en todo caso, la situación jurídica particular derivada de la sentencia recurrida y, cuando fuere estimatoria, fijará en el fallo la doctrina legal. En este caso, se publicará en el Boletín Oficial del Estado, y a partir de su inserción en él se vinculará a todos los jueces y tribunales inferiores en grado de este orden jurisdiccional y, consecuentemente, desestimar el presente recurso.", y en cuanto a la valoración final, aplicado que fue el valor catastral que figura a efectos del IBI 97, inferior al declarado en la escritura de venta, a tenor del art. 66.2 y 108.3 LHL, procede desestimar el recurso.

Una Sentencia un poco más moderna; todas las que hay van en el mismo sentido.
ST TSJ Madrid 487/2011 10/06/2011
SEGUNDO
Contra dicha sentencia se interpone recurso de apelación por la mercantil IMCE, S.A. y se solicita su revocación en virtud de las siguientes consideraciones.
Señala que ha existido error en la determinación del tributo toda vez que el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón para el cálculo de la base imponible del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana ha tenido en consideración un periodo de generación del incremento de valor de 13 años, cuando la finca ha sido rústica hasta sólo dos años antes de la transmisión de la propiedad. Y entiende que, es contrario al sentido del impuesto hacer tributar por un valor que toma en cuenta unos años durante los cuales la finca no se ha revalorizado como se presume, pues era rustica. Y por ello concluye que la fecha inicial del periodo de generación del incremento de valor de terrenos, que en el momento de su adquisición tenían la calificación de no urbanas o urbanizables, será la de la calificación del terreno como urbano o urbanizable programado.
Por el contrario, la parte apelada afirma que el análisis conjunto de los artículos 104.1 y 2, 107.1 y 109.1.a) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo , no se observa ninguna exigencia legal que indique que dentro del mismo plazo máximo de 20 años contemplado en la norma, solo deba computarse el tiempo en que los bienes de que se trate hubieran ostentado la condición de urbanos. Mientras que lo verdaderamente importante es que en el momento del devengo, esto es, cuando se produce la transmisión de la parcela objeto de imposición, esta tenga la consideración de urbana a efectos del Impuesto sobre bienes inmuebles.
TERCERO
Centrada la cuestión objeto de debate esta Sala desestima el recurso de apelación interpuesto y entiende que es ajustado a derecho el cálculo del periodo en que se produce el incremento (13 años) calculado desde el 17 de mayo de 1991, fecha en que el obligado tributario adquiere el terreno objeto de imposición, hasta el día 2 de junio de 2004 en que se trasmite dicho terreno ya urbano.
El artículo 104.1 del RDL 2/2004 define el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana como "un tributo que grava el incremento de valor que experimenten dichos terrenos y se ponga de manifiesto a consecuencia de la transmisión de la propiedad de los terrenos por cualquier titulo". Y el artículo 107.1 de la misma norma dispone que la base imponible del impuesto "está constituida por el incremento del valor de los terrenos, puesto de manifiesto en el momento del devengo y experimentado a lo largo de un periodo máximo de 20 años" y que para la determinación de la base imponible "habrá que tenerse en cuenta el valor del terreno en el momento del devengo".
Las normas aplicables no establecen la diferenciación, pretendida por la parte apelante, entre periodo en el que el terreno no tenia aun la condición de urbano y el que si la tiene, para tomar en cuenta este último, solamente, a efectos de determinar la base imponible del impuesto. Al contrario, dichas normas disponen que para que surja el hecho imponible basta con que en ese momento el terreno sea urbano y se haya producido la trasmisión, determinándose la base imponible por el periodo transcurrido desde la ultima transmisión y por el valor del terreno en el momento del devengo, circunstancias estas que han llevado a calificar este impuesto como de "instantáneo".
Sobre la cuestión planteada en este recurso de apelación ya se ha pronunciado expresamente el Tribunal Supremo en la sentencia dictada en fecha 29 de noviembre de 1997 por la que se estimaba el recurso de casación en interés de la Ley formulado contra la Sentencia de la Sala del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de fecha 22 de diciembre de 1995 que anulaba las liquidaciones impugnadas con el argumento de que debía considerarse únicamente, para el cálculo de la base imponible, el tiempo en que los terrenos gravados hubieran ostentado la condición de urbanos de tal modo que solo podía practicarse la liquidación sobre el incremento de valor producido en el lapso de tiempo que media entre la condición de urbanos y el momento del devengo, dentro del período de 20 años.
Pues bien, el Tribunal Supremo, al estimar el citado recurso de casación en interés de ley, declaró como doctrina legal correcta la concretada en el último fundamento de Derecho de la sentencia dictada y que es:
 "CUARTO-... sentar, como doctrina legal, que en el Impuesto sobre el Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana resulta inoperante la situación urbanística de los terrenos en el iniciodel período impositivo o incluso durante el mismo, ya que lo decisivo es que, en el momento de la transmisión determinante del devengo, tengan la condición de urbanos, en los términos prevenidos para el Impuesto sobre Bienes Inmuebles o con arreglo a las disposiciones e instrumentos urbanísticos aplicables".
Esa doctrina legal que es plenamente aplicable al caso se justifica por el Tribunal Supremo en la aludida sentencia señalando que el Impuesto analizado es un impuesto directo, real y objetivo que grava los incrementos de valor que experimenten los terrenos de naturaleza urbana a lo largo de un periodo máximo de 20 años y se pongan de manifiesto como consecuencia de la transmisión, por cualquier título, de la propiedad sobre los mismos, o como resultado de la constitución o transmisión, también, de cualquier derecho real de goce, limitativo de dominio, sobre dichos terrenos. Y, como regla general, el Impuesto se devenga en el momento en que se produce la transmisión. Y su fundamento no es otro que hacer posible, quizás como en ninguna otra modalidad impositiva, que la comunidad participe en las plusvalías que ha generado la acción urbanística de los entes públicos en terrenos de propiedad particular.
Esta Sección hace suyos los argumentos recogidos por el Tribunal Supremo en la sentencia aludida cuando afirma que:
 "Pues bien, uno de los casos más característicos en que se da una plusvalía o incremento del valor en los terrenos es su cambio o transmutación de rústicos en urbanos merced a la actividad urbanística municipal o a la aplicación de los instrumentos de ordenación urbanística previstos en la legislación del suelo.
 Constituiría un contrasentido, en consecuencia, que esa fundamental diferencia de valor, producida como resultado de la transmutación o cambio en la naturaleza de los bienes a que acaba de hacerse indicación, escapara al objeto del gravamen aquí considerado por el hecho de que se interpretara, como hace la sentencia de instancia, que solo pueden tomarse en cuenta las plusvalías o incrementos de valor producidos en el período de tiempo en que los bienes en cuestión han podido legalmente conceptuarse como urbanos.
 El argumento genérico anteriormente expuesto tiene su efectivo y claro reconocimiento en el texto de la Ley. Es cierto, como expone la sentencia recurrida, que tan solo se sujetan a este Impuesto los incrementos de valor experimentados por los terrenos que tengan la consideración de terrenos de naturaleza urbana y que no están sujetos los experimentados por terrenos que, a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, como antes se dijo, tengan la consideración de rústicos -art. 105 , en relación con los arts. 62 y 63 de la precitada Ley de Haciendas Locales -.
 Es cierto, asimismo, que la base imponible -art. 108 - está constituida por el incremento real del valor de los terrenos de naturaleza urbana puesto de manifiesto en el momento del devengo y experimentado a lo largo de un período máximo de 20 años.
 Pero no lo es menos que lo decisivo es que, en el momento del referido devengo, esto es, cuando se produce la transmisión de terrenos, o la constitución o transmisión de derechos reales, los bienes tengan la consideración de urbanos.
 Ningún precepto de la ley exige, ni ha exigido a lo largo de su regulación, que dentro del período máximo contemplado -20 años, como se ha dicho, en la actualidad- solo pueda computarse el tiempo
 en que los bienes de que se trate hubieran ostentado la condición de urbanos o urbanizables.
 Esta Sala tiene reiteradamente declarado y explicado -vgr. en las Sentencias de 31 de marzo y 21 de mayo de 1997 , por no aludir a otras que a dos de las más recientes, y demás en ellas citadas- que, en el Impuesto aquí examinado, si bien la plus valía o el incremento de valor se produce a lo largo de todo el período impositivo, el hecho imponible no precisa ser periodificado, pues el incremento a considerar es el que se manifiesta en el momento en que se produce la transmisión de bienes o la constitución o transmisión de derechos reales, acontecimientos estos que, en sentido jurídico, son instantáneos, en cuanto se producen, agotan o terminan en un momento determinado.
 Por eso, está comúnmente admitido que este es un Impuesto instantáneo, no periódico, y que no se produce ningún género de retroactividad de normas tributarias por la circunstancia de que el hito inicial del período impositivo -la transmisión anterior- hubiera tenido lugar con anterioridad a la clasificación de los terrenos afectados como suelo urbano o urbanizable, esto es, cuando vgr. ostentaban la naturaleza de rústicos.
 Es más, lo normal es que el referido hito inicial quede siempre detrás, o en momento anterior, a la obtención por los terrenos afectados de su nueva clasificación o calificación urbanística.
 En el supuesto de autos, la sentencia impugnada parte de una doctrina contraria a la acabada de exponer y entiende que, en este Impuesto, "no ha de considerarse sino el tiempo durante el que los terrenos gravados hayan ostentado la condición de urbanos", por lo que, si fueron clasificados como tales el 30 de noviembre de 1982, "solo procede la liquidación sobre el lapso temporal transcurrido entre ese momento y el del devengo", dentro de los veinte años que ha calculado la Administración.
 Dicha doctrina, por contraste con la precedentemente sostenida por esta Sala y derivada de la propia configuración legal del Impuesto, ha de estimarse errónea y gravemente dañosa para el interés general...".
Lo expuesto nos lleva a desestimar el recurso de apelación interpuesto y a confirmar la sentencia impugnada.

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