27.4.17

BASE IMPONIBLE TPO EXCESO DE ADJUDICACIÓN ES EL EXCESO DE ADJUDICACIÓN EVITABLE



El paradigma del exceso evitable es aquel que se produce cuando a un comunero al que ya se le adjudica un bien indivisible cuyo valor es superior a su cuota de participación, se le adjudica además otro u otros bienes de la comunidad, generando así un desequilibrio en el reparto que es innecesario, solo achacable a la libre voluntad de los condueños. En este caso, el exceso de adjudicación evitable que quedaría sujeto a tributación por la modalidad TPO sería el materializado en ese otro bien adjudicado, siendo su valor real la base imponible, y su beneficiario el sujeto pasivo. Veamos un ejemplo:
El 17 de septiembre de 2004 tres herederos otorgan escritura pública en la que los otorgantes deciden de común acuerdo la adjudicación de los inmuebles en proindiviso.
En la misma fecha, se otorga escritura disolviendo la comunidad, de forma que a uno de ellos, al que le correspondía cuota hereditaria por valor de 106.000 euros, le es adjudicada finca por valor de 112.000 euros, y una segunda finca también por valor de 41.116,29 euros, adjudicando a otro heredero una tercera finca, y al tercer heredero solo la correspondiente compensación económica.
Se gira liquidación provisional con base imponible de 47.116 euros, diferencia de valor entre la cuota hereditaria, y la suma de valor de los bienes adjudicados.
Interpuesto recurso de reposición, se estima parcialmente, estimando la base imponible alcanza solo al valor de la segunda finca adjudicada como exceso de adjudicación.
En el presente caso, una vez adjudicada al recurrente finca por valor de 112.000 euros, que excedía el valor de su cuota de 106.000 euros, resulta claro que la adjudicación de segunda finca al mismo heredero, para compensación en dinero a tercer heredero que no recibe ninguna finca, no tiene ya la finalidad divisoria o de concreción o materialización de cuotas hereditarias, sino la trasmisión o traslación de derecho que sí queda sujeta al impuesto que no queda comprendida en el supuesto del art 1062 del Cc.
En resumen, extinción de comunidad: 3 fincas, 3 comuneros;
Valor total de las fincas: 318.000; cuota de cada uno: 106.000. Uno de ellos se adjudica dos fincas: (una vale 112.000 y otra vale 41.116,29), otro heredero se adjudica otra que debe valer 164.883,71); al tercer comunero le compensan en metálico; la Administración le gira liquidación por TPO al que se queda las dos fincas sobre una base de 47.116€ (lo que recibe en valor: 153.116,29 menos su cuota teórica en la comunidad 106.000€= 47.116,29€). Le tendrían que haber girado liquidación sobre el valor de la finca que vale 41.116,29€, pues el exceso de adjudicarse la primera (la que vale 112.000€ estaría no sujeto).

25.4.17

ADICION DE BIENES QUE PERTENECEN AL CAUSANTE EN EL AÑO ANTERIOR AL FALLECIMIENTO

Causante fallecido el el día 22 de diciembre de 2006. El día 20 de noviembre del mismo año, tenía 1 Millón de euros en una cuenta del Banco Santander. Esa cuenta no aparece en el caudal relicto.
¿Debe adicionarse dicho saldo al caudal hereditario?
La respuesta es: .
Se trata de bienes que pertenecían al causante el año anterior al fallecimiento del causante; de ahí que se presuma que forman parte del caudal hereditario, salvo prueba fehaciente (no basta con la mera manifestación verbal en contra, sino que se necesita prueba documental) de que dichos bienes fueron transmitidos por el causante y de que se hallan en poder de persona distinta de heredero, legatario o de pariente dentro del 3º grado o cónyuge de cualquiera de ellos (heredero o legatario) o del propio causante.
La presunción anterior quedará desvirtuada mediante justificación suficiente de que en el caudal figuran incluidos, con valor equivalente, el dinero u otros bienes subrogados en el lugar de los desaparecidos.
La adición afectará a todos los causahabientes en la misma proporción en que fuesen herederos, salvo que se acredite fehacientemente que el depósito se ha transmitido a un heredero, legatario, pariente dentro del 3º grado del causante o cónyuge de cualquiera de ellos o del causante, en cuyo caso afectará sólo a éste que asumirá a efectos fiscales, si ya no lo tuviere, la condición de heredero o legatario.
La adición no opera de oficio, sino que se sigue el procedimiento del artículo 93 RISD, siendo necesario dar audiencia al interesado.
Ejemplo real:
Causante fallecido el 22 de diciembre de 2006; 
Los días 21 de noviembre y 21 de diciembre del mismo año el mismo sacó de la cuenta corriente de la que era titular en el Banco de Santander Central Hispano las cantidades de 440.000 y 560.000 euros respectivamente, firmando como autorizada Dª. Joaquina.
Pese a tener la carga de la prueba para desvirtuar la presunción iuris tantum del artículo 11.1a) LISD reiterada por el 25 RISD: ("se presumirá que forman parte del caudal hereditario los bienes de todas clases que hubiesen pertenecido al causante de la sucesión hasta un año antes del fallecimiento, salvo prueba fehaciente de que tales bienes fueron transmitidos por aquél y de que se hallan en poder de persona distinta de un heredero, legatario, pariente dentro del tercer grado o cónyuge de cualquiera de ellos o del causante. Esta presunción quedará desvirtuada mediante la justificación suficiente de que, en el caudal, figuran incluidos, con valor equivalente, el dinero u otros bienes subrogados en el lugar de los desaparecidos") no ha acreditado que dichas cantidades se hallen en poder de una persona distinta a las enumeradas en el precepto referido, ni que en caudal figuren otros bienes en los que se hubiere invertido dicha cantidad (1.000.000 de euros en total). De ahí que fuera correctamente adicionada la herencia por tratase de una cantidad de dinero que pertenecía al causante durante el año anterior a su fallecimiento, imputándose de ella al actor la parte correspondiente a su participación en la herencia
El hecho de que en las declaraciones tributarias presentadas por el actor (en concreto en la correspondiente al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del ejercicio 2014 aportada en vía judicial) no se aprecie la existencia de un incremento de patrimonio equivalente a la cantidad que se le atribuye como percibida, no se considera prueba suficiente para destruir la presunción legal "iuris tantum" a la que se ha hecho referencia. La solución contraria supondría dejar una puerta abierta al fraude fiscal pues bastaría con que el causante sacara el dinero antes de su fallecimiento de sus cuentas, bien por el mismo o a través de cualquier persona autorizada, reintegrándolo (sacándolo) en su totalidad, sin depositarlo posteriormente en alguna otra cuenta, para que dichas cantidades dejaran de tributar, siendo evidente que la referida presunción legal tiene como finalidad evitar que tales hechos se produzcan. La presunción legal referida no supone una vulneración de los principios de seguridad jurídica ni de tutela judicial efectiva. La actora ha tenido oportunidad de acreditar tanto en vía administrativa como judicial la persona que tiene el dinero o la inversión del mismo en la adquisición de un bien integrado en la masa hereditaria y sin embargo no lo ha hecho. Por otro lado es evidente que no impide el acceso a la justicia, ni en consecuencia infringe el art. 24 de la  Constitución   (derecho a la tutela judicial efectiva). ST 61/2016 TSJ Murcia.

21.4.17

DISOLUCION COMUNIDAD BIENES VARIOS BIENES. DISOLUCION PARCIAL. ADJUDICACION A MÁS DE UN COMUNERO

DOS CUESTIONES ACERCA DE LA TRIBUTACION DE LA COMUNIDAD DE BIENES
Se trata de determinar, tratándose de la disolución de una comunidad donde existan varios bienes y se produzcan excesos de adjudicación, si los mismos pueden quedar sujetos a TPO cuando tales excesos hubieran podido evitarse o al menos minorarse con una adjudicación distinta de tales bienes.
Los excesos de adjudicación que excepciona el artículo 7.2B LITP de tributación por TPO son excesos de adjudicación ajenos la voluntad de los herederos/comuneros, y se producen bien por las características de la cosa, bien porque la voluntad del testador determina un exceso que los herederos no pueden eludir. Se trata por tanto de excesos de adjudicación inevitables y es esta cualidad de los excesos la que subyace en la exoneración de los casos concretos del artículo 7.2.B) del TRLITPAJD, convirtiéndose tal inevitabilidad en el eje de la no tributación por TPO, manifestada unas veces en forma de indivisibilidad material, funcional o jurídica, o incluso en su variante de desmerecer mucho su valor con la división (que a estos efectos se transforma en un bien indivisible de facto), y, otras veces, manifestada en forma de respeto a la voluntad del testador.
En el caso de la indivisibilidad, que es la directamente relacionada con este recurso, la inevitabilidad viene reforzada por el hecho (y a su vez derecho) de que ningún copropietario puede ser obligado a permanecer a una comunidad (artículo 400 Código Civil, o en el caso de la comunidad hereditaria en el artículo 1.051 del mismo cuerpo legal). La sentencia del Tribunal Supremo de 28 de junio de 1999 recoge esta situación de inevitabilidad cuando dice: "Lo que ocurre es que, en el caso de que la cosa común resulte por su naturaleza indivisible o pueda desmerecer mucho por su división (...) la única forma de división, en el sentido de extinción de comunidad, es, paradójicamente, no dividirla, sino adjudicarla a uno de los comuneros a calidad de abonar al otro, o a los otros, el exceso en dinero" .
De lo hasta ahora expuesto ya se infiere que es la relación indivisibilidad-inevitabilidad del exceso de adjudicación la que debe presidir el análisis de esta controversia. Pero a su vez se quiere destacar que cuando estamos ante bienes divisibles no es posible la exoneración de la tributación de los excesos de adjudicación derivados de la adjudicación de un bien divisible, y no sólo por la literalidad de los preceptos del Código Civil a los que se remite el artículo 7.2.B) TRLITPAJD, sino porque a su vez no existe la inevitabilidad del exceso de adjudicación por la propia condición de bien divisible.
Dicho lo anterior, a la pregunta de si en el caso de disolución de una comunidad integrada por varios bienes, todos ellos indivisibles, cualquier forma de reparto debe dar lugar la exoneración de tributación de los excesos de adjudicación por el concepto Transmisiones Patrimoniales Onerosas, ya se anticipa que la respuesta ha de ser negativa (es decir, no cualquier forma de reparto con excesos de adjudicación tributará por Actos Jurídicos Documentados, sino sólo algunas de ellas).
Llegados a este punto, y para la más precisa solución de la cuestión, además debe diferenciarse entre aquellos supuestos en los que aún no se ha producido la partición de la herencia y aquellos otros en los que ya haya tenido lugar tal partición con adjudicación pro indiviso de los varios bienes que integraban la masa hereditaria. En el primer caso, la comunidad hereditaria tiene carácter universal, en el sentido que no recae sobre bienes particulares y concretos, sino sobre la herencia globalmente considerada como una unidad. No hay tantas comunidades como bienes haya en la herencia, sino una única comunidad que se proyecta sobre la herencia concebida en su universalidad. En cambio, si ya se ha producido la partición de la herencia y la adjudicación pro indiviso de los varios bienes que la integran sí existirán tantas comunidades como bienes integraban el caudal relicto sobre los que ahora recaen las cuotas.
Asimismo, podemos destacar, por todas, Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de octubre de 1992, en la que se afirma que "por otro lado, que la partición puede llevarse a efecto mediante la transformación de la comunidad hereditaria en un condominio ordinario, atribuyendo a los coherederos la copropiedad de los concretos bienes de la herencia, con expresión de las cuotas proindiviso que en los mismos correspondan a cada heredero, como tiene reconocido esta Sala cuando declara: «no pudiendo sostenerse seriamente que, por adjudicarse bienes en régimen de copropiedad y por cuotas indivisas, la partición no se llevará a efecto» (sentencia del Tribunal Supremo de 20 de febrero de 1984)"; o, en el mismo sentido, la de fecha 21 de julio de 1986: "pues si bien es cierto, como afirma el recurrente, que ni el testamento ni la declaración de herederos abintestato son por sí solos títulos suficientes para reivindicar bienes concretos y determinados y ello porque tales títulos sólo confieren un derecho abstracto sobre el patrimonio relicto que permanece en indivisión, no es menos cierto que una vez practicada la partición aquel derecho abstracto se transforma en un derecho concreto sobre los bienes que a cada heredero se le hayan adjudicado, ostentando a partir de dicha adjudicación una titularidad ordinaria, como la que puede corresponderle sobre bienes integrados en su patrimonio por cualquier otro título adquisitivo".
Por lo tanto, de acuerdo con los preceptos transcritos y la jurisprudencia del Tribunal Supremo, en aquellos casos en que no se haya llevado a cabo la partición de la herencia, si el desequilibrio en los lotes de reparto se produce por imposibilidad (inevitabilidad) de formar lotes proporcionales al interés de cada comunero en la comunidad, provocado, en el caso enjuiciado, por la existencia de uno o varios bienes indivisibles, y además dicho desequilibrio se compensa en dinero, los excesos de adjudicación no tributarán por la modalidad Transmisión Patrimonial Onerosa. No obstante, en estos supuestos, este Tribunal Central entiende que la excepción de indivisibilidad-inevitabilidad (de "obligación consecuencia de la indivisibilidad" en palabras del Tribunal Supremo) no debe aplicarse a cada uno de los bienes individualmente considerados, sino que debe entenderse referida al conjunto de los bienes que integren la comunidad, de forma tal que el exceso de adjudicación sea, como se viene insistiendo, inevitable, en el sentido de que no hubiera sido posible hacer, mediante otras adjudicaciones, otros lotes proporcionales al interés de cada comunero y que hubieran evitado o mirado los excesos de adjudicación, de forma tal que si no es así, estaremos ante un exceso de adjudicación "verdadero" (siguiendo de nuevo la terminología del Tribunal Supremo) sujeto y no exento como Transmisión Patrimonial Onerosa..
El criterio anterior es igualmente compartido por diferentes Tribunales Superiores de Justicia. Así, entre otras, podemos destacar sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias de 18 de noviembre de 2010 (recurso nº 1925/2008). El TSJ de Asturias concluye que existe un exceso de adjudicación que debe tributar como transmisión patrimonial onerosa "pues existiendo en el inventario varios bienes inmuebles susceptibles de adjudicación no era necesario adjudicar a la recurrente el pleno dominio de dos de los inmuebles y la mitad indivisa del otro, además de otros bienes, excediendo así la suma de su haber hereditario, con lo que se ha incurrido voluntariamente por los interesados en un exceso de adjudicación que no se justifica con la necesidad de conservar íntegra la nave industrial de ..., que se mantiene injustificadamente en pro indiviso, y porque había una forma más racional de adjudicación de las herencias, como bien podría ser la formación de dos lotes prácticamente equivalentes, integrado uno por los bienes nº 2, 4, 6 y 8 del inventario, que suponen un total de 402.571,61 euros, y el otro formado con los bienes 1, 3, 5, 7, 9, 10 y 11 del inventario, por un total de 402.166,31 euros, con lo que se lograría evitar el mantenimiento del pro indiviso de bienes inmuebles y otros de carácter indivisible, y se conseguiría que el exceso resultante a favor de uno de los herederos fuera mínimo.
Conclusión/Criterio:
-Tratándose de la disolución de una comunidad donde existan varios bienes indivisibles y se produzcan excesos de adjudicación, los mismos pueden quedar sujetos a la modalidad de Transmisiones Patrimoniales Onerosas si tales excesos hubieran podido evitarse o al menos minorarse con una adjudicación distinta de tales bienes (esto es, siempre que el exceso hubiera podido al menos en parte evitarse) respetando siempre los principios de equivalencia en la división de la cosa común y de proporcionalidad entre la adjudicación efectuada y el interés o cuota de cada comunero.
Esta excepción de indivisibilidad-inevitabilidad (de "obligación consecuencia de la indivisibilidad"·en palabras del Tribunal Supremo) no debe aplicarse a cada uno de los bienes individualmente considerados, sino que debe entenderse referida al conjunto de los bienes que integren la comunidad en aquellos casos en los que aún no se ha producido la partición de la herencia. En cambio, habiendo tenido lugar tal partición y la adjudicación pro indiviso de varios bienes, la excepción de indivisibilidad-inevitabilidad sí se aplicará sobre cada uno de los bienes individualmente considerados que han sido adjudicados.
  
La siguiente cuestión, si resulta aplicable o no la previsión del artículo 1.062 apartado primero del Código Civil, y en consecuencia la exoneración de la tributación de los excesos de adjudicación producidos por el concepto de Transmisiones Patrimoniales Onerosas, a aquellos supuestos en que un mismo bien se adjudica no solo a uno sino a varios de los copropietarios (supuestos de extinción parcial del condominio).
Respuesta:
resulta aplicable la previsión del artículo 1.062 apartado primero del Código Civil, y en consecuencia la exoneración de la tributación de los excesos de adjudicación producidos por el concepto de Transmisiones Patrimoniales Onerosas, a aquellos supuestos en que un mismo bien se adjudica no sólo a uno sino a varios de los copropietarios (supuestos de extinción parcial del condominio).
 RESOLUCION TEAC 591/2010 29/11/2010.

19.4.17

LOS ARRENDADORES SIGUEN SIENDO SUJETOS PASIVOS DE IVA AUNQUE EL INMUEBLE NO ESTÉ ARRENDADO

Compraventa en fecha 14/02/2007 efectuada por SL a 2 copropietarios en proindiviso de 2 naves industriales.
La SL compradora consignó en la declaración de IVA como "saldo pendiente de compensación en ejercicios futuros" el IVA soportado en la operación.
La Administración le liquida el IVA disminuyendo dicha cantidad de IVA soportado y además le sanciona.
"La Administración rechaza la inclusión de esta partida a deducir porque entiende que los vendedores carecían del carácter de "empresarios" y que, sin tal requisito, no podía estar la operación sujeta a IVA, ni por tanto estar exenta como segunda entrega de edificación ( art.20.1.22.a de la Ley del IVA ), ni, por consiguiente, renunciarse a la exención.
La liquidación no ha sido objeto de recurso.
Pero la la sanción impuesta resulta claramente improcedente. Los vendedores, que formaban comunidad de bienes, tenían arrendada las naves como actividad empresarial, habiéndose dado de alta en el censo fiscal y realizando las correspondientes declaraciones e ingresos de IVA en relación a este alquiler. Esta situación se mantuvo desde enero de 1998 hasta diciembre de 2005. Ciertamente en esa fecha se extinguió el contrato de arrendamiento sobre las naves. Ahora bien, los propios vendedores manifiestan (en la contestación a al demanda del pleito civil entablado entre las partes de la operación) que una vez extinguido el arrendamiento en diciembre de 2005, la comunidad no se dio de baja en el censo de sujetos pasivos del IVA, ya que intentó poner la nave en arriendo, pero sin éxito, de modo que la nave estuvo ofrecida en 2006 para arrendamiento sin que se lograse arrendar; y esa era la situación cuando se vendió la nave.
Siendo esto así, es muy discutible que los vendedores no tuvieran la condición de empresarios cuando vendieron, (...) pues el hecho de que el inmueble que se arrienda esté transitoriamente vacante pero siga intentándose su arriendo no elimina la actividad, y los propietarios seguían de alta en el censo
(...) Hemos de decir que es cierto e innegable que si un empresario dedicado a la actividad de arrendamiento de inmuebles vende uno de los que estaban afectos a tal actividad, esta venta no se realiza, ciertamente, como parte de su actividad empresarial típica; pero resulta que el art. 7.1.b de la Ley del IVA indica que sí estarán sujetas al IVA las cesiones de los bienes arrendados realizadas por quienes se dediquen como exclusiva actividad empresarial al arrendamiento de inmuebles; y que además, el art. 4 define como hecho imponible no sólo la enajenación de bienes propia del tráfico empresarial a que se dedique el sujeto pasivo del impuesto, sino también (apartado 2.b) las transmisiones a terceros de cualesquiera de los bienes o derechos que integren el patrimonio empresarial o profesional de los sujetos pasivos" .

18.4.17

DEUDA DEDUCIBLE TRIBUTOS Y SEGURIDAD SOCIAL SATISFECHA POR LOS HEREDEROS, ALBACEAS O ADMINISTRADORES


 13.2 LISD. "En especial, serán deducibles las cantidades que adeudare el causante por razón de tributos del Estado, de Comunidades Autónomas o de Corporaciones Locales o por deudas de la Seguridad Social y que se satisfagan por los herederos, albaceas o administradores del caudal hereditario, aunque correspondan a liquidaciones giradas después del fallecimiento".
Liquidación girada por el Impuesto sobre Sucesiones por importe de 3.676,19 € contra Serafina.
Serafina pretende que tenga la consideración de deuda deducible en el ISD la cantidad adeudada por la causante (doña Gloria, madre de Serafina, fallecida el 20 de noviembre de 2007) por el Impuesto sobre Sucesiones devengado por la herencia de el hermano de doña Gloria (don Luis Francisco , fallecido el 10 de marzo de 2004), deuda que se encontraba pendiente  al fallecer la causante, doña Gloria.
Entiende Serafina que la deuda tributaria en cuestión debió considerarse acreditada al ser sobradamente conocida su existencia por la Administración ya que se trataba de una deuda pendiente con ella misma, y así se le informó a través de los diferentes escritos de alegaciones y/o de recurso administrativo que Serafina presentó en los que indicó, incluso, el número de expediente en el que tal deuda constaba y el órgano en el que el expediente se había tramitado (expediente NUM001 , tramitado por la Dirección General de Tributos de la Consejería de Hacienda de la Comunidad de Madrid). Invoca en apoyo de su tesis el  art. 35.f)  LRJyPAC , en virtud del cual, los administrados no tienen obligación de presentar documentos que ya se encuentran en poder de la Administración.
El TEAR desestimo la reclamación económico administrativa rechazando que pueda calificarse de deuda deducible la cantidad adeudada por la causante  por el Impuesto sobre Sucesiones devengado por la herencia de su hermano, que se encontraba pendiente al fallecer la causante, por considerar que ni se ha acreditado la existencia de tal deuda ni que ésta haya sido satisfecha por herederos, albaceas o administradores del caudal hereditario, tal y como exige el  art. 13.2   de la  LISyD.
El TSJ dice que Serafina mencionó, efectivamente, el número de expediente en el que la deuda debía constar, pudiendo, asimismo, deducirse cuál era el órgano administrativo tramitador del mismo. Ahora bien, lo único que la actora indicaba en ambos escritos es que el expediente de liquidación de la deuda se estaba tramitando, sin manifestar en ningún momento que en dicho expediente constara ya la deuda fijada en la correspondiente liquidación. Por ello, entendemos que no resultaba procedente al amparo del  art. 34.1.h)  LGT la comprobación por la Administración del expediente indicado ya que ni siquiera se decía por la actora que tal deuda estuviera ya fijada, sino, simplemente, que se estaba tramitando el procedimiento para su fijación.
Además, para que proceda la deducción de esta deuda tributaria de la causante, como también indicaba el TEAR en la resolución impugnada, no sólo era necesario acreditar su existencia, sino también haber sido satisfecha por los herederos, albaceas o administradores del caudal hereditario, como expresamente indica el  art. 13.2  LISyD, y nada se alega en la demanda sobre este requisito sin que conste, por tanto, que la deuda que se invoca hubiera sido pagada. TSJ Madrid 20/07/2016.

11.4.17

FECHA DE ADQUISICION GANANCIA PATRIMONIAL TRAS DISOLUCION DE GANANCIALES.



Hechos.-
1º.- El 23 de febrero de 1987 Pedro adquiere la mitad de un inmueble, al haber sido adquirido por la sociedad de gananciales a la que pertenecía.
2º.- El 25 de octubre de 1991, se disuelve la sociedad de gananciales y Pedro se adjudica la otra mitad del inmueble.
3º.- El 31 de julio de 2013 Pedro dona a su hija el inmueble, señalando a efectos de ISyD su valor en 115.800,74 euros.
En su declaración del IRPF Pedro no refleja la ganancia patrimonial de esta transmisión.

La AEAT le liquida señalando como ganancia patrimonial la diferencia del incremento de valor del bien desde que se adquirió una mitad en 1987 y la otra en 1991 hasta que se transmitió en 2013, tomando como valor el de la escritura de donación.

La AEAT entiende que Pedro tiene dos momentos de adquisición del inmueble; de una mitad el 23/02/1987 y de la otra el 25/10/1991, fecha en que se produjo la disolución de la sociedad de gananciales;

Dice el TSJ: “En cuanto al posible exceso de adjudicación en el acto de disolución de la sociedad de gananciales, consignado por el TEARC en su resolución, aquí recurrida, y que sirve de base a la decisión de la administración de tener en cuenta el año 1991 como momento de adquisición del 50% del inmueble, no consta acreditado en ningún momento del expediente administrativo (NO CONSTA ACREDITADO EN NINGÚN MOMENTO DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EL EXCESO DE ADJUDICACIÓN), por lo que no se va a tener en cuenta este elemento por falta de prueba sobre su existencia”.

Sigue diciendo el TSJ: “En nuestro caso existe controversia en cuanto a la valoración del bien en el momento de su adquisición. No existe controversia alguna con respecto a su valor en el momento de su transmisión ya que la AEAT ha utilizado el mismo valor que el actor consignó a efectos del ISyD en la escritura de donación.

En cuanto al valor inicial del bien, la controversia se encuentra a la hora de tratar de acomodar la valoración realizada por la administración que valora la mitad del bien en el año 1987 y la otra en 1991, perjudicando al actor, que sosteniendo que se infringe lo previsto en el artículo 33.2 de la LIRPF, se aferra a la solución de valorar el bien íntegramente en relación al año 1987. El citado artículo establece: "Se estimará que no existe alteración en la composición del patrimonio: a) En los supuestos de división de la cosa común. b) En la disolución de la sociedad de gananciales o en la extinción del régimen económico matrimonial de participación. c) En la disolución de comunidades de bienes o en los casos de separación de comuneros. Los supuestos a que se refiere este apartado no podrán dar lugar, en ningún caso, a la actualización de los valores de los bienes o derechos recibidos". Efectivamente, la interpretación literal del artículo no deja lugar a dudas de la no aplicabilidad del régimen de alteración patrimonial, a los efectos de determinación de posibles incrementos patrimoniales o no, el supuesto exacto en que se encuentra el recurrente, por lo que debe prosperar su alegación. En conclusión, (…), se entiende que todo el bien fue adquirido en la primera de las fechas barajadas por la administración, es decir en 1987 (…)”.

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