16.1.19

DONACIÓN DE DINERO POR TRANSFERENCIA. DEVENGO DEL IMPUESTO

Es práctica habitual cuando se trata de donaciones entre familiares que en primero lugar se "dispare" la transferencia y en unas fechas posteriores se formalice la escritura de donación.
En la Comunidad Valenciana, la Ley 13/1997 (artículo 10 bis) para que haya reducción por donaciones entre parientes (padres-hijos y viceversa) pone como condición que la adquisición del dinero se haga en documento público o que se formalice en documento público dentro del plazo de declaración del impuesto (1 mes). 
Entonces, si la transferencia se efectúa el día 1/02/2018 y la escritura se formaliza el día 1/03/2018....¿Cuándo hay que declarar la donación? ¿Cuál es el devengo de la donación: el día de la transferencia o el día de la escritura de donación? No estoy diciendo que haya habido un documento privado de donación y luego una escritura pública de donación; simplemente ha habido primero una transferencia de dinero (o las que sean) y luego formalización de la donación ante Notario.
Sobre un caso parecido se pronuncia el TSJ de la Comunidad Valenciana, en ST 342/2017  de 7 de abril de 2017, como resumo:
La donación llevada a cabo mediante escritura pública de fecha 26-11-2007, aunque la entrega del dinero tuvo lugar en fecha anterior el 22-2-2007. 
En el caso de autos, no existe un contrato privado de donación que da certeza y perfecciona la misma, pues lo único que consta es la existencia de la transferencia bancaria de fecha anterior a la del contrato de donación en escritura pública, por lo que la cuestión nuclear en se centra en determinar la propia existencia de la donación con anterioridad al otorgamiento de la escritura pública, pues para la justificación de la misma solo consta una transferencia bancaria, cuya eficacia como donación se negó por la contribuyente.
A respecto hay que señalar en primer lugar que la donación tiene en nuestro Código Civil la consideración de contrato, como se prueba por:
a) La exigencia de la aceptación del donatario (artículos 618  y  629  Código Civil ).
b) La circunstancia de haber de regirse las donaciones inter vivos por las disposiciones generales de los contratos y obligaciones en todo lo que no se halle determinado en el título dedicado a la donación (  artículo 621  Código Civil ).
A partir de dicha consideración y de conformidad al artículo 623 del Código Civil la donación se perfecciona desde que el donante conoce la aceptación del donatario. Y el artículo 629 declara que la donación no obliga al donante, ni produce efecto, sino desde la aceptación, por lo que cabe su revocación anterior. Y por último y con carácter sustancial señalar además que el ánimus donandi no se presume nunca según tiene declarado de manera reiteradísima el Tribunal Supremo ( STS 20 de octubre de 1992 ).

Lo expuesto nos conduce a la conclusión de que la existencia de una contrato de donación exige la concurrencia de los requisitos ante mencionados, en particular la constancia del animus donandi así como la aceptación del donatario, requisitos que en el caso de autos no se producen por la circunstancia de un transferencia bancaria, lo que nos conduce en el caso de autos desestimar el recurso entablado y por resultar ajustado a derecho el criterio del TEAR.
El artículo 24 LISD dice que el devengo se produce el día en que se cause o celebre el acto o contrato.
Por tanto, el devengo se produce el día de la escritura pública de donación, en nuestro supuesto. Tendríamos un mes (de fecha a fecha, hasta el 1/04/2018) para presentar la donación en plazo.

14.12.18

HERENCIA CON RESIDENTE EN LA UNIÓN EUROPEA, OPCIÓN DE NORMATIVA APLICABLE

En las Sucesiones a partir del 1/01/2015 en que puedes aplicar la normativa autonómica del ISD en lugar de la estatal por tratarse de Sucesiones con no residente (que resida en un país de la Unión Europea (ó EEE)), si presentas autoliquidación aplicando la normativa estatal y luego "te arrepientes" pero ya han transcurrido 6 meses desde el fallecimiento, ya no puedes "rectificar" esa autoliquidación  para aplicar la normativa autonómica.
 Con fecha 27 de enero de 2015 un residente fiscal en Reino Unido, presentó ante la Oficina Nacional de Gestión Tributaria autoliquidación  (modelo 650) por el  Impuesto sobre Sucesiones de No Residentes como consecuencia del fallecimiento el 22 de enero de 2014 de su esposa, también residente fiscal en Reino Unido. A tal efecto declaró una base imponible de 74.914,34 euros y una cuota a ingresar de 6.805,02 euros
El 3 de junio de 2016 el interesado dirigió escrito a la Oficina Nacional de Gestión Tributaria solicitando la devolución de ingresos indebidos, al considerar aplicable la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de fecha 3 de septiembre de 2014, por ser tanto él como su esposa residentes fiscales en Reino Unido.
 30 de septiembre de 2016 la Oficina Nacional de Gestión Tributaria desestimó las pretensiones del interesado, dado que al tiempo de presentar él mismo la autoliquidación ahora impugnada se encontraba en vigor la Disposición Adicional Segunda de la Ley 29/1987 introducida por la Disposición Final Tercera de la Ley 26/2014, de 27 de  noviembre, de “Adecuación de la normativa del Impuesto a lo dispuesto en la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 3 de septiembre de 2014 (asunto C-127), y regulación de la declaración liquidación de los contribuyentes que deban tributar a la Administración del Estado”, la cual reconocía a los no residentes fiscales la posibilidad de optar entre dos regímenes fiscales, el estatal y el autonómico. Al haber optado el sujeto pasivo por la normativa estatal, no cabía ahora su modificación. Dicho acuerdo fue notificado al interesado el día 7 de octubre de 2016.

La DA 2ª de la Ley 29/1987, con efectos desde el 1 de enero de 2015, en su punto Uno.1establece que la liquidación del impuesto aplicable a la adquisición de bienes y derechos por cualquier título lucrativo en los supuestos que se indican a continuación se ajustará a las siguientes reglas:
 "a) En el caso de la adquisición de bienes y derechos por herencia, legado o cualquier otro título sucesorio, si el causante hubiera sido residente en un Estado miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo, distinto de España, los contribuyentes tendrán derecho a la aplicación de la normativa propia aprobada por la Comunidad Autónoma en donde se encuentre el mayor valor de los bienes y derechos del caudal relicto situados en España. Si no hubiera ningún bien o derecho situado en España, se aplicará a cada sujeto pasivo la normativa de la Comunidad Autónoma en que resida".
 En nuestro derecho tributario, siempre que el legislador concede al contribuyente la posibilidad de optar ante un mismo hecho imponible por dos normativas de aplicación del tributo distintas, nos encontramos ante el supuesto de la opción a la que se refiere el art 119 de la LGT. Por tanto, el derecho que concede la Disposición Adicional Segunda no es el derecho a aplicar un determinado beneficio fiscal contenido en una normativa tributaria concreta, sino el derecho a aplicar una u otra normativa de aplicación del tributo, (dualidad normativa que puede proceder de la propia ley del tributo o, como en este caso, de dos legislaciones distintas), lo que supone una opción que el legislador concede al obligado tributario.
 En el presente expediente, conforme a lo señalado en el texto precedente, el sujeto pasivo podía haber optado por aplicar la normativa del Impuesto sobre Sucesiones aprobada a la fecha de devengo por la Comunidad Autónoma correspondiente o la Ley Estatal (Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones).
A este respecto, el artículo 119.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria dispone: "Las opciones que según la normativa tributaria se deban ejercitar, solicitar o renunciar con la presentación de una declaración no podrán rectificarse con posterioridad a ese momento, salvo que la rectificación se presente en el período reglamentario de declaración"
 Dado que la Disposición Adicional 2ª de la Ley del Impuesto sobre Sucesiones y donaciones reconoce una opción a favor de los obligados tributarios no residentes entre dos regímenes tributarios posibles (el estatal y el autonómico) y ambos igualmentemente válidos. Si el obligado opta por uno de ellos, no es posible un cambio de la opción ejercida una vez transcurrido el plazo reglamentario de declaración, que en el caso del ISD adquisiciones por causa de muerte, son “(...) seis meses, contados desde el día del fallecimiento del causante”. Por tanto, producido el fallecimiento el 22 de enero de 2014, el interesado tenía hasta el 22 de julio de 2014 para presentar los documentos a que estaba obligado. Por ello, la solicitud de rectificación de la autoliquidación presentada el 3 de junio de 2016 lo había sido una vez transcurrido el plazo legalmente concedido.


5.12.18

DONACIÓN DE YERNO/NUERA A SUEGRO/A y VICEVERSA

Nuera quiere realizar una donación a su suegra.
Y quiere saber...
¿Está la suegra incluida el Grupo II de parentesco del artículo 20.2a) LISD?
Es decir, ¿el parentesco entre yerno/nuera y cualquiera de los suegros, les incluye en el grupo II (descendientes y adoptados de veintiuno o más años, cónyuges, ascendientes y adoptantes), o en el grupo III (colaterales de segundo y tercer grado, ascendientes y descendientes por afinidad)?
Respuesta:
El parentesco entre la suegra y la nuera de su hijo es de afinidad, en concreto, primer grado en línea directa por afinidad.
Dice la DGT:
"En el grupo III (colaterales de segundo y tercer grado, ascendientes y descendientes por afinidad) se incluye a los ascendientes por afinidad. Una interpretación lógica del contenido de ambos grupos debería llevar a concluir que si en el grupo III están los ascendientes por afinidad, los ascendientes del grupo II solo pueden ser consanguíneos, pues sería absurdo que los ascendientes por afinidad estuvieran en los dos grupos, con la posibilidad de optar por uno de ellos. Pues bien, esta misma interpretación ya ha sido puesta de manifiesto por el Tribunal Supremo en el fundamento de derecho séptimo de su sentencia de 18 de marzo de 2003."
Conclusión: los ascendientes (suegros) y descendientes por afinidad (yerno/nuera) deben incluirse en el grupo III, que integra a colaterales de segundo y tercer grado, ascendientes y descendientes por afinidad y no en el grupo II, en el que los únicos ascendientes y descendientes que deben incluirse son los que lo sean por consanguinidad.
Consulta V1538-17

3.12.18

EXTINCIÓN DE CONDOMINIO DOS INMUEBLES EXCESO DE ADJUDICACIÓN

Paquita y Jorge, separados judicialmente, cónyuge se plantean disolver el condominio existente (tras liquidación  de su previa de gananciales) sobre un chalet en Bétera (150.000€), que constituía el domicilio familar y una casa de pueblo en Requena (100.000€), adjudicándose ella el chalet y él la casa del pueblo, recibiendo además éste una cantidad de dinero en efectivo (25.000€) en compensación de la diferencia de valor entre ambos bienes.  

Tributación de la disolución de la comunidad de bienes en el ITP, IIVTNU e IRPF.

ITP.-
A Paquita se le adjudica (150.000€) más de lo que le corresponde por su cuota de participación en la comunidad (125.000€), el exceso que recibe de 25.000€ no tributa por TPO puesto que ella lo compensa satisfaciendo en metálico 25.000€ de su bolsillo a su ex.
Sí tributa por AJD, y de acuerdo con la consulta V0251-18, y TS de 9/10/2018 , la base imponible de AJD es por el valor declarado del exceso (25.000€y es sujeto pasivo el comunero al que se adjudique", en este caso, Paquita. 25.000 x 1,5% =375€.

IIVTNU.-
Considerando que se trata de una única comunidad de bienes constituida en la disolución y liquidación de la sociedad de gananciales y compuesta por los dos inmuebles: Si dicha comunidad se disuelve en su totalidad, adjudicando el pleno dominio de un inmueble a cada uno de los cónyuges, con compensación en metálico por el que recibe un mayor valor al otro, no siendo posible otra adjudicación distinta de los bienes más equitativa entre los comuneros, no se producirá la sujeción al IIVTNU, dado que no se realiza el hecho imponible del impuesto.  

IRPF.-
En este caso uno de comuneros, Paquita, se atribuye un bien por mayor valor (150.000€) que el valor de su cuota de titularidad (125.000€), por tanto existirá una alteración patrimonial en el el otro (Jorge) en el cual se generará una ganancia o pérdida patrimonial con independencia de que exista o no compensación en metálico, cuyo importe se determina por diferencia entre el valor de transmisión y adquisición del inmueble que ha provocado el exceso (el Chalet); Pongamos que el Chalet fue comprado por Paquita y Jorge en el año 2005 por 100.000€;  es decir la posible ganancia o pérdida se genera en el inmueble que recibe quien tiene el exceso (Paquita).
Calculamos.- Valor de transmisión.- 150.000€- Valor de adquisición.- 100.000€. Ganancia: 50.000€
A ese valor le tenemos que aplicar el porcentaje entre el exceso de adjudicación/y el valor del bien cuya adquisición provoca el exceso = 25.000/150.000 = 16,67%.
Por tanto, la ganancia patrimonial de Jorge sería de 8.333,33€. Iría a la base del ahorro. 
Consulta 5/06/18 V1510-18
     

27.11.18

RESIDENCIA EN LA VIVIENDA HABITUAL ANTES DE HABERLA ADQUIRIDO

Hechos.-
1.- Paquita adquiere una vivienda por herencia de su madre, fallecida el día 1/02/2006, por un valor de 645.000€. En dicha vivienda había vivido desde siempre Paquita.
2.- Paquita vende dicha vivienda el día 26/04/2007, pretende aplicarse la exención por reinversión en vivienda habitual.
¿Tiene derecho?
Resumidamente, estos serían los requisitos/pasos cronológicos para considerar que la vivienda que transmite Paquita es su vivienda habitual:
1º Adquisición de la vivienda (escritura pública) o terminación de las obras (declaración de obra nueva). 
En el ejemplo, la fecha de adquisición es la de fallecimiento de la madre, 1/02/2006.
Desde el momento en que ocurre el punto 1º, tienes un año para irte a vivir definitivamente a esa vivienda (hasta el 1/02/2007); si transcurre un año y aún no estás viviendo allí, este punto se incumple y por tanto, pierdes la consideración de vivienda habitual respecto a esa vivienda, forever.
Tienes que residir continuadamente en esa vivienda durante al menos 3 años (salvo que te mueras, o te tengas que marchar por circunstancias que exijan necesariamente que cambies de residencia, como separación, traslado laboral, cambio de trabajo, etc.).
Y a partir de esos 3 años de residencia, esta ya es tu vivienda habitual.
No computa para los 3 años el tiempo que has estado viviendo antes de ser propietario (en pleno dominio) de la vivienda -en nuestro ejemplo, el tiempo que Paquita ha vivido antes de que falleciera su madre no le sirve a estos efectos-.
Si Paquita además de haber vivido con su madre hubiera sido propietaria de un porcentaje de esa vivienda en pleno dominio, el tiempo desde que adquirió su cuota le computa a efectos de los 3 años.

22.11.18

BASE IMPONIBLE EXTINCIÓN CONDOMINIO/COMUNIDAD CON EXCESO COMPENSADO EN METALICO

La Dirección General de Tributos en consulta V0251-18 de 1 de febrero de 2018, contesta que:
Cuando a un comunero se le adjudique más de lo que le corresponda por su cuota de participación en la cosa común, el exceso que reciba que surja de dar cumplimiento al principio de que cuando la cosa común sea indivisible o pueda desmerecer mucho si no se divide y se compensa en metálico al comunero que recibe de menos por el comunero al que se le adjudica el exceso,  dicho exceso no tributará por la modalidad TRANSMISIONES ONEROSAS, pero la concurrencia de todos los requisitos establecidos en el artículo 31.2 del TR ITPAJ (escritura pública, acto con valor económico e inscribible en el Registro de la Propiedad) determinará su tributación por ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS. "La base imponible será el valor declarado del exceso sin perjuicio de la comprobación administrativa (art. 10) y el sujeto pasivo el comunero al que se adjudique". 

Lo dicho aquí va en sintonía con la Sentencia del TS de 9/10/2018  y contradice el "criterio" que venía sosteniendo la DGT (v.gr. consultas: V0815-16, V1770-17 o V3014-17), de que en estos casos:
 "La base imponible estará constituida por el valor declarado del inmueble"     
Por tanto, con arreglo a este NUEVO criterio, si Pepe y Juan son copropietarios (50%) cada uno de un piso en Valencia, cuyo valor real es de 100.000€ y deciden que se lo quede Pepe pagándole a Juan 50.000€,  pueden hacerlo así:
1ºEscritura de compraventa.- Juan le vende a Pepe el 50% del que era propietario.- Pepe pagaría el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales al 10%. Pagaría 5.000€ de TPO.
2º Escritura de extinción de condominio (Disuelven/extinguen la comunidad entre ellos respecto de ese inmueble, y como es indivisible, le es adjudicado a Pepe, que compensa a Juan entregándole 50.000).- Con arreglo al criterio anterior de la DGT, Pepe tributaría por AJD (al 1,5% en la Comunidad Valenciana) y sobre una base imponible del valor total del piso: 100.000€; por tanto, pagaría.- 1.500€.
Ahora bien, atendiendo a lo fundamentado y resuelto en la Sentencia del TS de 9/10/2018 y a la consulta V0251-18, Pepe tendría que declarar una base imponible de AJD por el importe del exceso (la cuota de la que no era comunero/propietario): 50.000€, no por todo el valor de todo el piso. Por tanto, pagaría 750€.



 

20.11.18

SENTENCIA TRIBUNAL SUPREMO BASE IMPONIBLE EXTINCIÓN COMUNIDAD/ CONDOMINIO

 Los cónyuges, Esteban y  Alejandra otorgaron el 6 de noviembre de 2008,  escritura de liquidación de gananciales y de disolución de la comunidad de bienes existente sobre una vivienda que les pertenecía con carácter común, siendo dueños cada uno de la mitad indivisa (es decir, la vivienda no era ganancial, no formaba parte de la liquidación de gananciales sino que era privativa de los dos, en proindiviso, al 50% cada uno). El inmueble se valoró en 162.278 euros y, dada su  indivisión, se adjudicó a Alejandra. Los cónyuges presentaron autoliquidación del impuesto sobre actos jurídicos documentados como exento. Por la Oficina liquidadora se inició un procedimiento de comprobación limitada y se giró a doña Alejandra, (que es la que se queda la vivienda que ha sido objeto de extinción de comunidad/condominio) liquidación, por un importe a ingresar de 1.790,20 euros, en concepto de extinción de la comunidad de bienes, tomando como base imponible el valor de la totalidad de la vivienda (los 162.278€).      
 Alejandra impugnó la liquidación en vía económico- administrativa, con resultado estimatorio por parte del TEAR, que vino a sentar que la base imponible debía de fijar el valor de la parte adjudicada a la esposa, es decir, al 50% del valor del inmueble, pues ya era anterior propietaria de la otra mitad en régimen de condominio indivisible.
El TSJ de Valencia, tras ser recurrida la resolución del TEAR por la Generalitat Valenciana, da la razón a Alejandra y al TEAR, sobre la base de que la capacidad económica manifestaba por quienes instan la expedición de la escritura notarial se limita al 50% que se transmite, como sostiene el TEAR; que en tal sentido el negocio jurídico documentado no es muy diferente de una compraventa, hasta tal punto que en la hipótesis de que el adquirente del otro 50% transmitido hubiera sido de un tercero no comunero, entonces habría que calificar el negocio como una compraventa, lo que tendría como consecuencia que la cosa valuable, es decir, el derecho a tomar como base imponible del IAJD sería la parte alícuota adquirida de la cosa en propiedad, no la totalidad de dicha propiedad.
Por ello, no parece asumible que la adquisición de la parte alícuota por uno de los dos comuneros deba ser gravada en mayor medida que si la hubiera adquirido un tercero (aunque si la hubiese adquirido un tercero seguramente habría tributado por TPO esa mitad, por ser transmisión); tampoco parece lógico que el tratamiento fiscal a efectos del IAJD dependa de si con la adquisición se extingue o no el condominio. Y si bien el valor económico de una cosa no dividida siempre es superior al de la suma de los valores de sus posibles alícuotas, hay que presumir que ese superior valor se refleja en la contraprestación dineraria que el comunero adquirente, que consolida la propiedad de la vivienda, satisface al cónyuge transmitente.
Resumiendo (dice el TSJ y refrenda el TS): "si la esposa ya contaba con una mitad indivisa del inmueble, y la disolución del condominio le proporciona la adjudicación de la otra mitad del proindiviso abstracto, resultará evidente que la operación debe reflejar la cuantía de la adjudicación, o sea, el 50% que se le adjudica por el otro comunero, pues no puede recibir la propiedad que ya tenía, sin que valga la pretensión de la Administración recurrente de que la base imponible refleje la totalidad del inmueble, pues solo se ha transmitido la mitad del mismo".
Añade el TS: "como indica la Sala sentenciadora, carecería de sentido que se hiciera de peor condición al cónyuge adjudicatario de la mitad indivisa que a un tercero que adquiriera, en virtud del mismo negocio jurídico, la parte del bien inmueble dividida y adjudicada, sin que haya razones para esa diferencia de trato".
Por tanto, con arreglo al contenido de esta sentencia podrán solicitar la devolución de ingresos indebidos quienes hayan pagado actos jurídicos documentados sobre una base imponible del 100% en las extinciones de comunidad.
Ejemplos:
-Pareja que compró un piso por importe de 100.000€, al 50%, decide ir cada uno por su lado, y acuerdan que sea ella quien se quede el piso, a cambio de pagarle a él 50.000€ (o asumir la hipoteca pendiente por ese importe). Ella pagó el 1.5% de 100.000 = 1.500€. Tendría derecho, con base a lo resuelto por el Supremo a que le devolvieran la mitad.
-Tres hermanos  reciben en herencia un Chalet indivisible, valorado en 300.000€ (cada uno es titular de 1/3); un tiempo después deciden extinguir el condominio y que uno de ellos se adjudique el inmueble, a cambio de satisfacer a cada uno de sus dos hermanos 100.00 €; es decir, un total de 200.000€. Pues bien, con arreglo al contenido de esta sentencia del T.S., la base imponible por la que tendría el adjudicatario que haber autoliquidado la escritura de extinción de comunidad en AJD es de 200.000€ y no de 300.000€, que es probablemente por la que habrá declarado, pues ese es el criterio siempre manifestado hasta la fecha por la Dirección General de Tributos: el de autoliquidar las extinciones de comunidad por el 100% del valor del inmueble.

23.9.18

FECHA ADQUISICIÓN A EFECTOS DE PLUSVALIA DE TERRENO INICIALMENTE RUSTICO ADJUDICADO TRAS UNA REPARCELACIÓN

Según consulta de la DGT,  V1332-11
 La consultante transmite los siguientes terreno:
Terrenos que en el momento de la adquisición tienen la condición de rústicos, pasando en 2002 a recalificarse como urbanos, teniendo esta condición en el momento de la transmisión. 
Plantea lo siguiente en relación al Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana:
Si en relación a los terrenos descritos, la fecha que ha de tomarse en consideración a efectos de la determinación del inicio del periodo de generación del incremento de valor es:
a) La fecha de adquisición de los terrenos.
b) La fecha de recalificación de los terrenos.
 En relación a la cuestión planteada, el criterio que mantiene este Centro Directivo es que resulta intrascendente la calificación urbanística del terreno al inicio del período impositivo o durante el mismo, siendo lo relevante que, en el momento de la transmisión, el terreno tenga la condición de urbano, computándose en tal caso el periodo de generación del incremento de valor desde la fecha de adquisición y no desde la conversión de rústico en urbano. Criterio que se encuentra acorde con la jurisprudencia del Tribunal Supremo, el cual en recurso de casación en interés de ley (sentencia de 29 de noviembre de 1997) señaló, en su fundamento de derecho tercero, que:
“Lo decisivo es que, en el momento del referido devengo, esto es, cuando se produce la transmisión de terrenos, o la constitución o transmisión de derechos reales, los bienes tengan la consideración de urbanos. Ningún precepto de la ley exige, ni ha exigido a lo largo de su regulación, que dentro del período máximo contemplado -20 años, como se ha dicho en la actualidad- sólo pueda computarse el tiempo en que los bienes de que se trate hubieran ostentado la condición de urbanos o urbanizables.” 
 Sin embargo, algunos Ayuntamientos hacen constar en su Ordenanza que: 

 "En el supuesto de transmisión de terrenos que hayan sido adjudicados en una reparcelación, se tomará como fecha inicial del periodo impositivo la de adquisición de los terrenos aportados a la reparcelación".


17.9.18

PRUEBA DEL COSTE DE INVERSIONES Y MEJORAS DEL VALOR DE ADQUISICION


En fecha 7-11-03 se adquirió el inmueble sito en la DIRECCION000 NUM000 de Alfaz del Pi por importe de 330,000€, siendo transmitido dicho inmueble en fecha 30-3-2007 por importe de 600,000€; 
la recurrente pretende que para el calculo del precio de adquisición se adicionen dos facturas por unas supuesta obras de mejora realizadas en dicho inmueble.  Las facturas referidas son la nº 6/05 de fecha 28-10-05 por importe de 132.240€ y la factura nº 14/05 de fecha 16-12-05 por importe de 115.692,76€, ambas emitidas por la mercantil Jumarcu SL, y donde consta como obras realizas, la ampliación de la vivienda y piscina en 76 metros cuadrados, ampliaciones de 26,35 metros cuadrados, formación de pérgola, derribo de escalera, ampliación de cocina y de baños.

Dice el TSJ que: "la carga de la prueba sobre los referidos gastos que pretenden adicionarse al precio de adquisición corresponde a la parte actora, y en este caso (...) no se logra la convicción de esta Sala sobre el efectivo pago de las obras recogidas en las mencionadas facturas; así tenemos que por una parte pese a ser requerido el obligado tributario, este no aportó licencia de obras y proyecto de obra , o cualquier otro documento acreditativa de la efectiva realización de tales obras y del importe de las mismas, sin que ni tan siquiera se haya propuesto como testifical al legal representante de esta(JUMARCU SL). Por otra parte consta que en fecha 15-3-2006 fue concedido un préstamo al obligado tributario por importe de 550,000€, constando en la misma fecha un reintegro de dicha cuenta en la suma de 300,000€, fecha que coincide con la compra de otro inmueble por esa misma parte, y según refiere el recurrente esos 300,000€ fueron utilizados para pago de las mencionadas facturas, pero ello no deja de ser una mera alegación de parte, no constando que dicha operación apareciera recogida en el modelo 347 de dicha empresa (JUMARCU SL), no constando tampoco que efectivamente aquel dinero fuera utilizado para pago de las facturas, siendo extraño que un pago de tal importe no conste debidamente formalizado, y por otra parte tampoco consta ( a efectos catastrales) que la superficie de la vivienda se haya incrementado."(...)
(...)"las mejoras aludidas no vienen reflejadas en la escritura de venta del inmueble (no ha variado un solo metro cuadrado en ambas escrituras) y según se alega ha existido ampliación de vivienda; por último no ha aportado documentación adicional alguna justificativa de las obras de mejora pese a existir requerimiento específico al respecto (licencia de obras, proyecto, certificado obras etc). Sentencia de 9 mayo 2018 TSJ Comunidad Valenciana.
Es decir, aporta factura de obras, pero no justifica la realidad de las mismas. Luego hay que justificar ambas cosas.
Factura de la empresa o empresas que realizan las obras;
Documentación que justifique la realización de las obras.

13.9.18

VIVIENDA HABITUAL A EFECTOS DEL ISD. FIJACION DE CRITERO POR EL TRIBUNAL SUPREMO

Hechos.-
Rogelio (mayor de 65 años) es hermano de la fallecida en 9/12/2007, D.ª Estela.

En su opinión su difunta hermana tenía su vivienda habitual en la Calle Cienfuegos, 12 de Tacoronte, Tenerife, pero debido a su delicado estado de salud se trasladó a vivir en su compañía en la vivienda que él tiene en Mogán, isla de Gran Canaria, desde noviembre de 2004 y hasta su fallecimiento. A su juicio se cumplen los requisitos del artículo 20.2c) LISD  en cuanto a vivienda habitual y convivencia para tener derecho a una reducción en la base imponible del 95% del valor de la vivienda de su hermana con el límite de 122.606, 47 €.
  ¿Tiene Rogelio derecho a la reducción por adquisición de vivienda habitual respecto de la vivienda de la Calle Cienfuegos?
El hecho de que la causante no haya residido en la vivienda de la Calle Cienfuegos sino en casa de su hermano durante más de 3 años inmediatamente anteriores a su fallecimiento (o en su caso, en un Geriátrico)..¿le impide aplicarse la reducción de vivienda habitual del ISD?
 El TSJ le dijo a Rogelio que no procedía la reducción del 95%.
Motivos: que el texto del artículo 20.2.c) párrafo tercero, combina los conceptos «residencia habitual», que implica la ocupación de forma efectiva de la vivienda durante al menos tres años, admitiéndose un plazo inferior por circunstancias excepcionales que exijan el cambio de domicilio. Con concepto de «convivencia» en caso de que el beneficiario sea pariente colateral -que además tiene que ser mayor de 65 años-, que debe tener lugar en la vivienda habitual -común de la causante y del heredero- objeto de adquisición "mortis causa".

La causante y su hermano residían en el domicilio de éste y no en la vivienda de la Calle Cienfuegos, 12 de Tacoronte. La causante llevaba residiendo en la vivienda de su hermano desde hacía más de tres años antes de su fallecimiento. Además es evidente que la convivencia nunca se produjo en la vivienda objeto de la transmisión por motivo del fallecimiento.
Rogelio recurre en Casación; y el TS en ST de 12/05/2017 Recurso 1657/2016, le da la razón a Rogelio  y fija doctrina:
Respecto al concepto de residencia habitual:se cuestiona la pérdida o no de la condición de vivienda habitual como consecuencia del traslado del causante a la vivienda del del hermano causahabiente por razones de enfermedad.
El concepto de vivienda habitual no aparece en la LISD, por lo que ha de atenderse a la normativa reguladora del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que, expresamente, se refiere a ella. Y así, el artículo 41 bis del Reglamento, aprobado por  Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo , define la vivienda habitual a efectos de determinadas exenciones en los siguientes términos "[...] se considera vivienda habitual del contribuyente la edificación (vivienda) que constituya su residencia durante un plazo continuado de, al menos, tres años. No obstante, se entenderá que la vivienda tuvo el carácter de habitual cuando, a pesar de no haber transcurrido dicho plazo (antes de que transcurra el plazo de 3 años), se produzca el fallecimiento del contribuyente o concurran otras circunstancias que necesariamente exijan el cambio de domicilio, tales como celebración de matrimonio, separación matrimonial, traslado laboral, obtención del primer empleo, o cambio de empleo, u otras análogas justificadas".

Pues bien, en el ámbito de "otras causas análogas justificadas" del traslado que no hacen perder al inmueble la consideración de vivienda habitual ha de incluirse la enfermedad acreditada que obliga al cambio de residencia, máxime cuando el fallecimiento sobreviene durante y como consecuencia de dicha enfermedad. Por tanto, si el causante sale de su casa antes o después de 3 años de residencia continuada por enfermedad que le obliga al cambio de residencia y se va a vivir a un Geriátrico o a casa de su hermano (por ejemplo), su vivienda no pierde el carácter de habitual a efectos de la reducción del 95% del ISD.

En consecuencia, acreditado que la causante tenía como vivienda habitual la transmitida "mortis causa" y que su fallecimiento y su residencia habitual en los últimos tres años había tenido lugar en un centro geriátrico (o en casa de su hermano), en el que se encontraba por razón de su situación personal, fundamentalmente por motivos de salud, es por lo que considera esta Sala (Sala C.A. 1ª TSJ Asturias, ST 461/2018 de 4/06/2018), que nos encontramos ante una causa análoga justificada en los términos en los que se expresa el Tribunal Supremo, lo que hace, que la vivienda transmitida debe de seguir beneficiándose de la reducción prevista en el art. 20.2.c)   de la Ley 29/87, y en consecuencia, producirse la correspondiente minoración en la base imponible del impuesto.
En cuanto al concepto (si la convivencia del colateral con el causante debe ser en casa del causante) aunque como regla general, la convivencia entre causante y causahabiente, exigida por el artículo 20.2.c), tercero, LISD, ha de desarrollarse en la originaria vivienda del causante porque, en caso contrario, dejaría de ser habitual. Ahora bien (excepción:), en los supuestos en los que concurre alguna de las causas justificadas que atribuye la condición de vivienda habitual al nuevo domicilio, después del traslado, será en éste (en casa del hermano) donde ha de tener lugar la convivencia requerida. (Esa causa justificada es la enfermedad).

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