3.12.16

PLAZO Y COMPUTO DE PRESENTACION IMPUESTO SUCESIONES

La muerte de la causante y con ello el devengo del Impuesto sobre Sucesiones tuvo lugar el 28-6-2004. El plazo para la presentación de la declaración tributaria es de seis meses "contados desde el día del fallecimiento del causante" [ art. 67.1 a) del Reglamento aprobado por  RD 1629/1991 de 8 de noviembre  . La presentación de la declaración tuvo lugar a 29-12-2004; por lo tanto resulta extemporánea en un día siendo procedente el recargo aplicado por la Administración Tributaria. En efecto, tratamos de un plazo que se computa por meses y el criterio de cómputo aplicado por la Administración Tributaria coincide con el de la doctrina del Tribunal Supremo contenida en las SSTS de 15-12-2005 y 8-3-2006 , doctrina según la cual la regla "de fecha a fecha" subsiste como principio general del cómputo de los plazos que se cuentan por meses, a los efectos de determinar cuál sea el último día de dichos plazos.
ST 451/2012 TSJ CV 27/03/2012.

(...) sigue siendo aplicable la doctrina unánime de que el cómputo termina el mismo día (hábil) correspondiente del mes siguiente. (...)
Síntesis de de la doctrina jurisprudencial:
A) Cuando se trata de plazos de meses (o años) el cómputo ha de hacerse según el artículo quinto del  Código Civil , de fecha a fecha, para lo cual, aun cuando se inicie al día siguiente de la notificación o publicación del acto o disposición, el plazo concluye el día correlativo a tal notificación o publicación en el mes (o año) de que se trate. Ej. Fecha fallecimiento 25/01/2016; fecha de vencimiento del Impuesto 25/07/2016. El sistema unificado y general de cómputos así establecido resulta el más apropiado para garantizar el principio de seguridad jurídica.
B) El cómputo del día final, de fecha a fecha, cuando se trata de un plazo de meses no ha variado y sigue siendo aplicable, según constante jurisprudencia recaída en interpretación del artículo 46.1 de la vigente  Ley Jurisdiccional   de modo que el plazo de dos meses para recurrir ante esta jurisdicción un determinado acto administrativo si bien se inicia al día siguiente, concluye el día correlativo al de la notificación en el mes que corresponda.TS 15/12/2005.

PLAZO DE PRESCRIPCION EN SUCESIONES CUANDO HAY PRÓRROGA

Defunción.- 22/07/2005.
Solicitud de prórroga.- 22/12/2005 (dentro de los 5 meses)
Es concedida por silencio positivo. Por tanto, prórroga hasta 22/07/2006 (ese sería el último día para presentar la declaración/autoliquidación del Impuesto).

¿Desde cuándo se empiezan a contar los 4 años de prescripción? 
¿Desde el día 23/01/2006, que es cuando ya habrían transcurrido los 6 meses de plazo "normales" para declarar, o desde el día 23/07/2006, esto es, un año y un día después del fallecimiento, habida cuenta de la concesión de la prórroga?

ST 431/2015 TSJ Madrid 19/05/2015
"La Administración no puede empezar a liquidar hasta que no finalice el plazo de prórroga, por lo que en consecuencia, es lógico, que se compute desde ese momento el plazo de prescripción.
La concesión de la prórroga del plazo de presentación, que es un beneficio para el administrado, en ningún caso puede suponer una merma de los derechos de la Administración y de la reducción del plazo para liquidar.
Otra interpretación de la norma supondría que la Administración dispondría de seis meses menos para liquidar al contribuyente, dispensándose un trato distinto a unos y otros obligados tributarios, lo cual no parece que sea la finalidad perseguida por la norma.
El recurrente cuando aportó el escrito de fecha 6 de marzo de 2006 no renunció al resto del plazo de prórroga y por tanto podía presentar nuevas declaraciones o autoliquidaciones que rectificarán o ampliaran a la de fecha 6 de marzo de 2006 así pues cuando la administración tributaria notificó la liquidación el 23 de marzo de 2010 estaba dentro del plazo para liquidar la deuda, por lo que debemos rechazar la petición del recurrente y estimar que no había prescrito el derecho de la Administración a liquidar la deuda tributaria."

28.11.16

DONACION NUDA PROPIEDAD VIVIENDA HABITUAL MAYORES 65 AÑOS

El consultante y su esposa tienen intención de efectuar la donación de la nuda propiedad de su vivienda habitual a su hijo, reservándose el usufructo vitalicio de la misma. Ambos son mayores de 65 años.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 33.4b) LIRPF, estarán exentas las ganancias patrimoniales que se pongan de manifiesto “con ocasión de la transmisión de su vivienda habitual por mayores de 65 años, tanto si se transmite el pleno dominio como si se transmite la nuda propiedad. 
Concepto de vivienda habitual, edificación que constituya la residencia del contribuyente durante un plazo continuado de, al menos, tres años
Por tanto, si se trata de la vivienda habitual del consultante y su cónyuge, por cumplir los requisitos reglamentarios para tener tal consideración, y se generase una ganancia patrimonial, esta ganancia patrimonial estaría exenta del impuesto por aplicación de lo dispuesto en el artículo 33.4.b). 

Consulta Vinculante de 16/09/2009,  V2043-09.

26.11.16

ISD. REDUCCION DEL 3% VIVIENDA HABITUAL AJUAR DOMESTICO

La codemandada, alega que para fijar el valor catastral de la vivienda habitual, a efectos de determinar el 3% del mismo en el que debe minorarse la valoración del ajuar doméstico, debe estarse al  valor catastral  a la fecha del devengo del impuesto; y considera que el art. 34 del Reglamento del Impuesto sobre Sucesiones se refiere en todo momento al valor catastral de la vivienda habitual del matrimonio y nada dice sobre que tenga que computarse en su 50%
 El TSJ dice: 
De estos preceptos (15 LISD y 34.3 del Reglamento ISD y 1321 CC) se desprende que en aquellos casos en los que el ajuar se valore en el 3% del importe total de caudal relicto, este porcentaje no opera, sin más, sobre el valor de todos los bienes que forman parte del caudal relicto ya que, por un lado, deben excluirse los bienes a los que se hace referencia en el párrafo primero del art. 34.3 del RD1629/1991 , y por otro, ha de efectuarse, además, una reducción que se fija "en el 3% del valor catastral de la vivienda habitual del matrimonio", reducción o minoración con la que pretende compensarse el hecho de que, de conformidad con el  art. 1321  CC , parte del ajuar, que forma parte de la masa hereditaria, ha de entregarse necesariamente al cónyuge supérstite sin computárselo en su haber.
Pues bien, para fijar el valor catastral de la vivienda habitual del matrimonio sobre el que ha de operar el cálculo de este porcentaje ha de estarse, necesariamente, a la fecha del devengo del impuesto que es cuando nace la obligación tributaria legalmente configurada ( art. 28.1LGT de 1963 y  art. 21.1   LGT de 2003  ( RCL 2003, 2945 )   ), devengo que, en este caso, se produjo en el momento del fallecimiento del causante (  art. 24  Ley 29/1987 ), el día 29 de agosto de 2000.

Además, coincidimos con la codemandada en que la reducción del 3% se ha de practicar calculando este porcentaje sobre "el valor catastral de la vivienda habitual del matrimonio", según reza el tenor literal del art. 34.3 del RD1629/1991, sin que en dicho precepto se indique que haya de tenerse en cuenta para calcular dicho porcentaje si la vivienda era ganancial o no. 
TSJ Madrid ST 528/2012  10/07/2012.

 No cabe dudar, por otra parte, que ha de tomarse en consideración el valor catastral de la vivienda habitual vigente a la fecha del devengo del impuesto, y en este caso del año 2000, en que fallece el causante, y así consta en el recibo de tal año del IBI aportado por la codemandada el valor catastral de 79.025.241 pesetas de la vivienda, lo que determina que el 3% de tal cifra asciende a la cantidad de 2.370.757 pesetas, resultando por ello errónea la establecida en la liquidación impugnada, tratándose de una norma de cálculo de carácter estimativo sobre determinado parámetro (valor catastral de la vivienda habitual), sin que en la misma tenga incidencia el porcentaje incluido en el caudal relicto.
TSJ Madrid ST 947/2011 17/11/2011
 
El artículo 34.3 del  Real Decreto 1629/1991 , y el  artículo 1321   del  Código Civil  se refieren exclusivamente a la vivienda habitual, siendo lógico que el ajuar doméstico a descontar que se entrega al cónyuge supérstite sea el que se fija en relación al valor de la vivienda habitual, sin que pueda sumarse a estos efectos el valor de la plaza de garaje y el trastero. 
TSJ Extremadura ST 74/2016 de 25 febrero 25/02/2016.

22.10.16

EXCESOS DE ADJUDICACIÓN EN HERENCIA Y ACTOS JURIDICOS DOCUMENTADOS.



 La Agencia Tributaria de Andalucía propone al Tribunal Económico-Administrativo Central que fije el siguiente criterio:
Al amparo del primer  párrafo del artículo 7.2.B del Texto Refundido del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados en relación con el párrafo primero del artículo 1062 del Código Civil, los excesos de adjudicación declarados, originados en el otorgamiento de escritura pública de extinción total de condominio de bien indivisible o que desmerezca mucho por su división, están no sujetos a TPO. Consecuentemente y en la medida en que también cumple el resto de requisitos del artículo 31.2 del mismo Texto Refundido, la escritura de extinción de condominio está sujeta a la cuota gradual de documentos notariales del concepto Actos Jurídicos Documentados.

Como soporte de lo que dice la Agencia Tributaria de Andalucía de que nos hallamos ante un verdadero supuesto de no sujeción (y no de sujeción con exención) lo ha venido sosteniendo reiteradamente la Dirección General de Tributos y la generalidad de los Tribunales Económico-Administrativos (TEAR de Madrid en resolución de 23-02-2010 o el de Castilla-León en la de 25-05-2010). También es mantenido por el TSJ de Valencia en sentencia nº 609/2010 de 7 de junio y por el TSJ de Madrid en su sentencia de 26 septiembre 2012 (rec. nº 61/2010), esta última oponiéndose expresamente a la doctrina de la sala de Sevilla del TSJ Andalucía.

Por excepción, la escritura pública de partición y adjudicación de una comunidad hereditaria, al documentar adquisiciones “mortis causa” que están sujetas al impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, no tributa, por razón de su, documentos notariales, y ello con independencia de que en la citada partición hereditaria, existan, o no, bienes indivisibles o que desmerezcan mucho por su división o, si eventualmente existen, se pongan de manifiesto, o no, excesos de adjudicación.Así lo entiende el TEAC en resolución de 18 de noviembre de 2009 en resolución de recurso extraordinario de alzada para la unificación de criterio nº 00-3153-09.

La no sujeción de la adjudicación del bien a uno de los copropietarios a la modalidad TPO no permitirá la aplicación de AJD, al no reunir la escritura de disolución todos los requisitos exigidos en el artículo 31.2 del TRLITPAJD. En el caso de la escritura de partición de herencia no concurre el último de los requisitos, no estar sujeto al impuesto de Sucesiones y Donaciones, pues se entiende (Resolución de la Dirección General de Tributos de 12 de junio de 1995) que los actos de manifestación y partición de herencia, jurídicamente constituyen dos fases de un único acto de adquisición de herencia, por lo que no cabe gravar ninguno de ellos con la cuota gradual. La partición no es mas que la fase final del fenómeno complejo en que consiste la sucesión, por lo que, gravado ya con el impuesto sucesorio, entra en juego el requisito negativo a que se refiere el artículo 31.2 excluyendo la aplicación del gravamen gradual.V0071-12. 18/01/2012.
El TEAC, (que no se moja en si se tributa o no por AJD cuando se trate de una partición de herencia con excesos de adjudicación) sólo accede a
Determinar si la escritura pública que documenta la extinción total del condominio ordinario constituido sobre un bien inmueble indivisible, mediante un acto “inter vivos” de adjudicación del mismo a un comunero que abona al otro el importe de su cuota en metálico, está sujeta, o no, a la cuota gradual de la modalidad Actos Jurídicos Documentados del Impuesto sobre TPO y AJD.
 Y dice, el TEAC
 El régimen de tributación de la disolución de comunidades y la incompatibilidad con la cuota gradual de la modalidad de AJD a que se refiere el citado artículo 31.2 del TRLITPAJD es claro cuando la comunidad tenga la consideración de sociedad (artículo 19 y 22) o se trate de la disolución de una sociedad conyugal pues, en el primer caso, la disolución estaría sujeta a la modalidad de Operaciones Societarias y en el segundo, a la modalidad de TPO, aunque exenta según el artículo 45.I.B) 3. de dicho texto Legal. Al ser estas figuras impositivas incompatibles con la modalidad de AJD, la escritura que las documenta no queda sujeta a la misma. Sólo la no sujeción a  las otras modalidades del Impuesto permite la sujeción a la modalidad de AJD.
Con respecto a la modalidad TPO, como regla general, no se encuentra sujeta la disolución de comunidades de bienes siempre que no se produzcan excesos de adjudicación, por ajustarse ésta a la cuota de participación de cada uno de los comuneros adjudicatarios y siempre que a cada uno de estos se le adjudique la titularidad exclusiva y separada de una parte concreta y específica del bien o derecho sobre el que recae la situación de comunidad.
Sin embargo, estas premisas no se dan en aquellos casos en los que la disolución de la comunidad produce excesos de adjudicación, esto es, a un comunero se le adjudican bienes por un valor superior al de su cuota, generándose el correlativo defecto de adjudicación en otro comunero. El exceso de adjudicación a favor de alguno de los comuneros sí puede quedar sujeto a la modalidad de TPO. Para ello deben concurrir los siguientes requisitos:
1).- Que el exceso tenga causa onerosa, de forma que el comunero que se beneficie del mismo compense económicamente, en dinero o en especie, al comunero que sufra el correlativo perjuicio en la adjudicación. Si el exceso se produce a titulo gratuito, sin compensación alguna, el hecho imponible realizado quedaría sujeto al impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
2).- Que el exceso no resulte gravado por IVA, toda vez que resulta incompatible.
3).- Que se trate de un exceso de adjudicación declarado por los propios sujetos pasivos. El artículo 7.2.B) de TRLITPAJD sólo grava los excesos de adjudicación declarados, pero no los comprobados, sin perjuicio lógicamente, de que sea el valor comprobado por la Administración de este exceso de adjudicación declarado el que sirva para  calcular la base imponible del impuesto al estar  ésta constituida por el valor real (art. 10).
4).- Que el exceso de adjudicación sea evitable. Un exceso de adjudicación es inevitable cuando los comuneros se ven compelidos a realizar una adjudicación desproporcionada a la cuota de participación de alguno de ellos como consecuencia del carácter indivisible del bien o bienes que integran la comunidad.

EL TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO CENTRAL, EN SALA, visto el recurso extraordinario de alzada para unificación de criterio promovido por la DIRECTORA DE LA AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA, ACUERDA Estimarlo en parte  fijando como criterio el siguiente:
En la extinción total del condominio, los excesos de adjudicación declarados que obedezcan al carácter de indivisible del bien adjudicado o que desmerezca mucho por su división, cuando la compensación  por el condueño adjudicatario del bien se materialice en metálico, no están sujetos a la modalidad de Transmisiones Patrimoniales Onerosas del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales Onerosas y Actos Jurídicos Documentados. Consecuentemente, y en la medida en que se cumplan el resto de requisitos del artículo 31.2 del Texto Refundido, el documento notarial, esto es, la escritura pública en que se formaliza la extinción del condominio, está sujeta a la cuota gradual de la modalidad  Actos Jurídicos Documentados del mismo Impuesto.

DISOLUCIÓN DE COMUNIDAD DE BIENES VOLUNTARIA CON EXCESO COMPENSADO EN METALICO. PLUSVALIA MUNICIPAL

JCA 10 de Sevilla ST 149/2016 de 28 de abril:
Se impugna la liquidación del IIVTNU, como consecuencia de la extinción del condominio, notarialmente documentado el 13/06/2014, formado por la actora y su ex-esposo respecto de una vivienda unifamiliar en el término de Gines.
La cuestión litigiosa es jurídica y se centra en si la extinción del condominio, cuando se adjudica el inmueble a uno de los comuneros y se compensa al resto, está o no sujeta al impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. La Dirección General de Tributos considera que no está exento en su consulta 1591/2008:
«2. En el segundo de los casos, la comunidad de bienes “voluntaria”, si la extinción de la misma se produce con adjudicación a cada uno de los comuneros en proporción a su cuota de participación, sin que se produzca exceso de adjudicación a ninguno de ellos, no se produce el devengo del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. La división tiene un efecto declarativo y no traslativo, porque no atribuye algo que no tuvieran antes los comuneros y no produce en éstos ningún beneficio patrimonial, al existir una distribución proporcional y equitativa de los bienes existentes en la comunidad que se disuelve, respetando la cuota de participación que cada uno tenía. Por tanto, en este caso, no se produce la sujeción al IIVTNU.
3. Pero, si la extinción de la comunidad de bienes “voluntaria” se realiza mediante la adjudicación de los bienes a uno de los comuneros y compensación económica al resto de los comuneros, se produce un exceso de adjudicación que es gravado por el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. No existe una simple extinción del condominio, con adjudicación proporcional a los partícipes, sino una transmisión patrimonial por el exceso de adjudicación a uno de los partícipes respecto a su cuota de participación inicial.»
No es esta, sin embargo, la opinión de los tribunales de justicia. Resulta que al tratarse de una vivienda unifamiliar, como es el caso, la única forma de división o extinción del condominio es, precisamente, su adjudicación a uno solo de ellos compensando al resto. Es lo que dispone el artículo 1062 del Código Civil, que dice: «Cuando una cosa sea indivisible o desmerezca mucho por su división, podrá adjudicarse a uno, a calidad de abonar a los otros el exceso en dinero.». Puede traerse a colación la STSJ de Cataluña (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1.ª), núm. 443/2013,  de 18 de abril (JUR 2013\198614) :
«[…] La STS de 28 de junio de 1999 , dictada en recurso de casación en interés de ley, recoge con precisión el problema, al señalar:
1) Que como recuerda la STS de 23 de Mayo de 1998, con cita de otras de la Sala Primera y de la Sala Tercera, este Tribunal tiene reconocida, con vocación de generalidad, la doctrina consistente en que “ la división y adjudicación de la cosa común son actos internos de la comunidad de bienes en los que no hay traslación del dominio, de modo que, en consecuencia, por primera transmisión solo puede entenderse la que tiene como destinatario un tercero “.
2) En principio, pues, la división y consiguiente adjudicación de las partes en que se hubieran materializado las cuotas ideales anteriormente existentes no son operaciones susceptibles de realizar el hecho imponible del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales. La división de la cosa común debe ser contemplada —recuerda la sentencia mencionada de 1998— como la transformación del derecho de un comunero, reflejado en su cuota de condominio, en la propiedad exclusiva sobre la parte de la cosa que la división hubiera individualizado. Con otras palabras: “ la división de la cosa común y la consiguiente adjudicación a cada comunero en proporción a su interés en la comunidad de las partes resultantes no es una transmisión patrimonial propiamente dicha —ni a efectos civiles ni a efectos fiscales- sino una mera especificación o concreción de un derecho abstracto preexistente “.
3) Lo que ocurre es que, en el caso de que la cosa común resulte por su naturaleza indivisible o pueda desmerecer mucho por su división “ la única forma de división, en el sentido de extinción de comunidad, es, paradójicamente, no dividirla, sino adjudicarla a uno de los comuneros a calidad de abonar al otro, o a los otros, el exceso en dinero” —arts. 404 y 1062, párrafo 1º, en relación este con el artículo 406, todos del Código civil-. “Esta obligación de compensar a los demás, o al otro, en metálico no es un 'exceso de adjudicación' , sino una obligación consecuencia de la indivisibilidad de la cosa común y de la necesidad en que se ha encontrado el legislador de arbitrar procedimientos para no perpetuar la indivisión, que ninguno de los comuneros se encuentra obligado a soportar “ —art. 400-.
4) Tampoco, por eso mismo, esa compensación en dinero puede calificarse de “compra” de la otra cuota, sino, simplemente, de respeto a la obligada equivalencia que ha de guardarse en la división de la cosa común por fuerza de lo dispuesto en los artículos 402 y 1.061 del Código civil, en relación este, también, con el 406 del mismo cuerpo legal .
Esta doctrina jurisprudencial evidencia que la división y consiguiente adjudicación de la cosa común no constituye una operación susceptible de integrar el hecho imponible del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, y, tampoco —debe añadirse— del Impuesto que ahora nos ocupa. Y, del mismo modo, que la cantidad en metálico que viene obligado a abonar el comunero que se adjudique la cosa por razón de su indivisibilidad tampoco se califica como “exceso de adjudicación", que sólo se producirá si la cantidad abonada supera, y en la medida en que lo supere, el valor de la cuota anterior.
En el presente caso, no se ha cuestionado ni que el bien fuera indivisible ni que la cantidad abonada por la apelante al otro comunero (hermano) superara el valor de su participación en la comunidad. Por tanto, la disolución de la comunidad no tiene naturaleza traslativa, sino meramente especificativa, no constituyendo acto sujeto al impuesto en cuestión, de forma que al no producirse el hecho imponible, la extinción de la comunidad no interrumpe el período de generación del incremento que se produzca como consecuencia de una futura transmisión del bien.
En suma, si la adjudicación, sea de bienes divisibles o indivisibles, es finalmente simple especificación de la cuota ideal o abstracta de los comuneros no hay transmisión ni tributación por ella, pues como recoge la citada STS de 28 de junio de 1999 , la “obligación de compensar a los demás, o al otro, en metálico no es un “exceso de adjudicación", sino una obligación consecuencia de la indivisibilidad de la cosa común y de la necesidad en que se ha encontrado el legislador de arbitrar procedimientos para no perpetuar la indivisión, que ninguno de los comuneros se encuentra obligado a soportar". Sólo si uno de los comuneros percibe finalmente unos bienes o una cantidad en metálico que excede de lo que corresponda a su cuota ideal o abstracta en el condominio, habrá una transmisión del exceso y deberá tributar por ella, circunstancia no producida en el presente caso.»
Lo expuesto por la sentencia transcrita es de plana aplicación al caso enjuiciado.
SEGUNDO
La demanda, por lo expuesto, debe ser estimada y las costas impuestas a la administración demandada (art. 139.1 de la LJCA).

Páginas vistas en total